Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destaparon el año pasado 51 empresas ficticias solo en la provincia de Zaragoza. Así lo destaca el balance en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social facilitado por el Ministerio del Interior. Además, se desarticularon otras dos compañías fantasma en Huesca.

Como resultado de estas intervenciones se consiguió revelar un fraude valorado en 1,2 millones de euros. En total, los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil investigaron 437 empresas en la Comunidad aragonesa, que derivaron en 89 propuestas de sanción.

En el conjunto del país, Interior destapó 840 empresas ficticias tras 10.545 inspecciones en centros de trabajo, que suman 79 millones de euros en fraudes. En la mayoría de la ocasiones se trata de tapaderas con las que ofrecer permisos de residencia a extranjeros o prestaciones por desempleo inexistentes.

Así ocurrió en la última gran operación realizada en Aragón, el pasado mes de marzo -por lo tanto, aún sin reflejar en las estadísticas-, en la que la Policía Nacional detuvo a 55 personas por delitos de falsedad documental, contra la Seguridad Social y pertenencia a grupo criminal. El origen se situaba en Zaragoza, aunque tenía ramificaciones en otras provincias del país.

En este caso, el 'modus operandi' ideado para delinquir consistía en la creación de un entramado de empresas, por parte de un grupo de supuestos empresarios de la capital aragonesa, quienes se habrían dedicado a captar a diferentes personas en situación de necesidad económica a las que se les ofrecía la formalización, en fraude de ley, de contratos de trabajo.

Además, Interior informa de 371 delitos esclarecidos en Aragón por infracciones administrativas, así como 223 por falsedad documental, 7 contra el derecho de los trabajadores y 13 por vulneraciones de la Ley de Extranjería.

En este sentido, la falsificación de documentos, la usurpación del estado civil y la simulación de delitos son actividades fraudulentas cada vez más presentes en la sociedad aragonesa. El número de denuncias por estos motivos creció un 70% el año pasado, en muchos casos vinculados con casos de necesidad económica y falta de un empleo estable, que lleva a buscar atajos a ley para obtener un beneficio económico.

La Inspección, contra la temporalidad y las horas extra

Buena parte de las operaciones contra el fraude a la Seguridad Social son fruto de la colaboración de las fuerzas policiales con la Inspección de Trabajo. Este organismo avisó de que en 2016 se duplicaría la vigilancia en Aragón contra la temporalidad y las horas extra.

En concreto se fijó la meta de los 19.638 expedientes distribuidos en sus diferentes áreas de actuación (salud, relaciones laborales, seguridad social, empleo y extranjería y economía irregular). El director territorial, Román García, explicó en su momento que “la inspección tiene la misma función cada año, pero se le da más importancia a una u otra área en función de la situación actual”. Y lo que preocupa ahora es que la creación de puestos de trabajo -por la leve recuperación económica- sea de calidad, en especial en sectores como la hostelería o el comercio.