El Justicia pide a Educación que supervise el material educativo
El objetivo es evitar el uso de los mismos junto con aplicaciones informáticas que los complementan "con una validez inferior a los cuatro años exigidos por la norma para los libros de texto".
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha remitido una sugerencia al Departamento de Educación del Gobierno autonómico para que adopte las medidas de supervisión oportunas de los libros de texto y del resto de materiales didácticos que los complementan.
El objetivo es evitar el uso de los mismos junto con aplicaciones informáticas que los complementan "con una validez inferior a los cuatro años exigidos por la norma para los libros de texto", han explicado desde la Institución del Justicia en una nota de prensa. García Vicente se ha pronunciado así tras recibir una queja de unos padres sobre las aplicaciones informáticas que incluyen los libros de una determinada editorial para poder acceder a ejercicios de repaso en su plataforma digital.
La queja exponía que el código de acceso de las aplicaciones únicamente tiene validez para un curso, mientras que los libros asociados deben servir para cuatro.
En opinión de los padres, compartida por el Justicia Institución, esto supone un perjuicio económico en caso de que el niño repita o tenga hermanos que le siguen y contradice el valor educativo de la reutilización del material escolar.
García Vicente ha agregado que "impedirá que se desarrolle de forma efectiva el sistema de préstamo de libros de texto previsto por el Gobierno de Aragón para el curso 2016-2017".
Argumentos
El Justicia de Aragón ha argumentado que la Administración educativa tiene la facultad de supervisar los libros de texto y materiales curriculares, de acuerdo con la LOMCE, y, además, se ha apoyado en "la opinión pública mayoritaria que defiende un periodo de validez editorial de los libros lo más amplio posible, extendiendo su vigencia de cuatro a cinco años".
García Vicente ha incidido en que los libros de texto "son una herramienta de aprendizaje necesaria para garantizar el derecho fundamental a la educación recogido en el artículo 27 de la Constitución Española". No obstante, su compra "supone para muchas familias un importante esfuerzo económico, dado que las ayudas resultan insuficientes para atender las múltiples solicitudes que se presentan".
