El déficit deja en el aire el aumento del gasto social
Hay una confrontación política entre la DGA y el Ejecutivo central y un problema financiero y presupuestario que amenaza con más recortes en sanidad, educación y prestaciones sociales.
El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, ha destapado la caja de los truenos en Aragón a cuenta de los incumplimientos del objetivo de déficit y del retraso en el pago a los proveedores. La airada contestación del Gobierno autonómico, empezando por el propio presidente Javier Lambán, evidencian que hay una dura confrontación política que responde a los graves problemas generados por la pésima financiación de los servicios básicos (educación, sanidad y prestaciones sociales) y a la obligación de cumplir el artículo 135 de la Constitución (pactado por PSOE y PP en 2011) y lo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que fija los objetivos indicados por la Comisión Europea.
El contexto y el momento político gobierno en funciones y a las puertas de otras elecciones generales no contribuyen ni facilitan precisamente un clima razonable de entendimiento. Hay mucho de oportunismo y de castigo a las autonomías más díscolas y críticas y una respuesta del ministro de Hacienda a las descalificaciones del presidente y de dirigentes socialistas aragoneses. Pero hay también una imposición de la Comisión Europea al Gobierno español ante la gravedad de la desviación del objetivo del déficit pactado por el conjunto de las administraciones españolas para 2015. Un año electoral en el que ha faltado el rigor y la seriedad de las comunidades y del Gobierno central por intereses electorales y de partido.
La primera consecuencia es que Europa ha exigido medidas ejemplares y urgentes y Montoro se ha puesto a la faena tomando como principal referente y perjudicado a Aragón, seguido de Extremadura y luego, casi de rebote y con cuatro años de retraso, al resto de autonomías, salvo Galicia, País Vasco y Canarias. Es más, el ministro se ha pasado de frenada porque hay amenaza seria de intervención de la UE en España ante el desmadre de las cuentas públicas y eso el PPno se lo puede permitir ante unas posibles elecciones generales el 26 de junio. Así que para reducir riesgos, la culpa, para el conjunto de las autonomías. Las excepciones son para analizar, sobre todo la de Galicia donde hay elecciones autonómicas en 2016 y el PP se juega uno de los pocos feudos que le quedan. Algo que genera dudas sobre la realidad de las cuentas gallegas.
El orden no es casual. Aragón acabó 2015 como la comunidad con más crecimiento de déficit, aunque no es la que peor está en relación al Producto Interior Bruto (PIB) ni la que más retraso lleva en el pago de facturas de proveedores. Pero es una víctima propicia: Ejecutivo de coalición PSOE-CHA apoyado por Podemos e IU, un peso político relativo en el ámbito nacional y de presidente, uno de los barones socialistas crítico con Pedro Sánchez.
El pulso apenas le afecta a un ministro en horas bajas, que está ya más fuera que dentro, siga o no gobernando el PP ahora o tras otros comicios. Pero sí tiene consecuencias para Aragón, tanto en lo que se refiere a posibles ajustes y posibles recortes en el gasto social en su conjunto como en la gestión presupuestaria y en lo que supone estar intervenido plenamente por el ministerio de Hacienda. Eso tiene unas derivaciones políticas muy relevantes para la estabilidad del Ejecutivo PSOE-CHA, dado que necesitan el apoyo de Podemos, y es poco probable que la formación que lidera Pablo Echenique pueda aguantar a un gobierno que estaría obligado a incumple el pacto de investidura, los acuerdos y el compromiso de gasto en políticas sociales que consensuaron para sacar adelantes los presupuestos autonómicos para 2016. Al menos hasta que se despeje el escenario estatal, con o sin nuevos comicios.
La realidad es que Aragón va a tener que hacer importantes ajustes presupuestarios y que la leve mejoría de los ingresos no da para equilibrar recortes y las promesas de aumento del gasto social. De hecho, la Comunidad está ya controlada por Hacienda y eso ya no va a cambiar como mínimo hasta el ejercicio de 2017. Incluso si hubiera una reforma de la financiación autonómica y un relajamiento en el cumplimiento de los objetivos de déficit, el Ministerio, gobierne quien gobierne, mantendrá la presión sobre Aragón. La misma que ejerce Europa sobre el Ejecutivo español.
La situación implica que el Gobierno aragonés tiene las manos atadas para cumplir con determinados compromisos de gasto, que en su mayoría afectan a servicios públicos y al conjunto del área social, la mas afectada con las derivaciones del déficit y del desbarajuste presupuestario que sufre Aragón en la última década, con una especial incidencia desde 2012 (concretamente con la elaboración de los presupuestos de 2013) al descuadernarse por completo las cuentas y perder el control de gastos e ingresos en áreas, servicios, entes, organismos y empresas públicas.
Pese a ello, Aragón tiene margen para reconducir parte del problema sin necesidad de que el ministro Montoro lo hubiera elegido como chivo expiatorio. Siempre y cuando la DGA tuviera voluntad política e institucional. El déficit y el descontrol perjudica al conjunto de los aragoneses, pero las medidas de bloquear el FLA o fondos del Estado es excesiva y desproporcionada. Salvo que lo haga con todas las autonomías. Y eso solo se atreve a medias.
