Aragón tiene 1.026 aforados, de los que 98 son parlamentarios y consejeros de la DGA
Todos los partidos están a favor de suprimirlos para los políticos, pero siguen sin pactar la fórmula. La mayoría pertenecen al Poder Judicial, aunque su protección se limita a actos vinculados a su cargo.
1.026 aragoneses están aforados. Jueces, fiscales, diputados, senadores o consejeros del Gobierno autonómico tienen que acudir a un tribunal diferente al de la mayoría de los ciudadanos si se ven involucrados en un delito. Entre los que gozan de este privilegio procesal, 98 tienen responsabilidades políticas. El resto, y por tanto la mayoría, forma parte del Poder Judicial.
¿Qué es un aforado? Es aquel que por la singularidad de su cargo debe ser encausado y juzgado solo por el Supremo o los Tribunales Superiores. Es un privilegio recogido en la Constitución para los parlamentarios de las Cortes Generales, entre otros, y en la ley del Poder Judicial para los jueces y fiscales. En el caso de los diputados autonómicos y miembros de la DGA, la prerrogativa está en el Estatuto de Autonomía.
En la administración de Justicia, 928 personas tienen esta protección, aunque a diferencia de los políticos, solo por hechos vinculados a su cargo. La mayoría son jueces de paz (712), aunque sus competencias están tan limitadas que es raro que se beneficien de este estatus especial. Aragón tiene además 155 jueces y magistrados y 61 fiscales. Sus casos van al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
Otra cosa son los políticos, cuya protección es mayor. Los 67 diputados autonómicos, así como los miembros del Gobierno de Aragón, gozan de esta prebenda. Se extiende a cualquier proceso penal, sea o no en ejercicio de su cargo. Es más, en casos de faltas, los tribunales deben acudir a las Cortes para certificar que los diputados son realmente aforados e inhibirse ante el TSJA.
Ante el Supremo
Los 13 parlamentarios aragoneses en el Congreso de los Diputados y los 12 senadores también tienen este privilegio, garantizado por la Constitución Española, como ocurre en el caso de la jefatura del Estado, del presidente del Gobierno y sus ministros. Sus casos los juzga el Supremo.
Para el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, esta protección carece hoy de sentido y debería estar solo reservada a la jefatura del Estado y al presidente del Gobierno. Y es especialmente crítico con los casos en los que se establece una "protección reforzada" para delitos cometidos por particulares, no vinculados al ejercicio del cargo. "No tiene justificación", dice. No obstante, cree que ni siquiera los jueces precisarían de este privilegio procesal, si existiera la figura del antejuicio, un procedimiento especial previo a la exigencia de responsabilidad criminal a un magistrado, para verificar si hay base en el pleito.
¿Qué hacen los partidos para eliminar este privilegio? Las Cortes siguen sin acelerar el trámite, pese a que todos dicen estar de acuerdo en suprimir la prebenda. Javier Sada, del PSOE, subraya la obligación de buscar mayorías reforzadas, dado que es necesario reformar el Estatuto con el apoyo de dos tercios de la Cámara. Por eso, rechaza que los grupos, por su cuenta, presenten iniciativas individuales que podrían dificultar el consenso.
"No quiero jugar a la política de titulares, sino que quiero un acuerdo real. Y agradezco al resto de los grupos que estén actuando del mismo modo", afirma. Defiende alcanzar un pacto en el marco del nuevo reglamento de la Cámara (el actual recoge los aforamientos) y, si se logra, propiciar una reforma rápida del Estatuto este año para este asunto y otros similares.
El PP recuerda que en 2014 y en esta legislatura planteó la creación de una comisión de regeneración democrática para acabar, entre otras cuestiones, con los aforamientos. "Hay que suprimirlos ya, por lo menos para los diputados", dice el portavoz, Roberto Bermúdez. La diputada Marián Orós añade que la comisión es la mejor fórmula, pero si es rechazada pide al Gobierno socialista que "haga una propuesta que se pueda discutir".
Jorge Luis, diputado de Podemos en el Congreso, aboga por "la supresión de los aforamientos políticos". Expone su caso, ya que antes de ser diputado estaba imputado por atentado a la autoridad en una protesta contra Yesa. "Estoy intentando por todos los medios que no me sea aplicado el aforamiento", explica.
La senadora del PAR, Rosa Santos, recuerda que su partido lleva la eliminación de este privilegio en su programa. "Es un trato diferenciado que no está justificado", dice. Susana Gaspar, de Ciudadanos, apunta que su partido defiende una reforma exprés de la Constitución y que incluso estaría dispuesta a una modificación puntual del Estatuto. Gregorio Briz (CHA) y Patricia Luquin (IU) indican que sus grupos presentaron iniciativas para eliminar los aforamientos.
