La aragonesa expulsada este miércoles de Mozambique, Eva Anadón Moreno, se había significado en la lucha contra la violencia sexual que padecen las niñas en los colegios, donde algunas alumnas se ven obligadas a ceder a las demandas sexuales de sus profesores para pasar de curso.

Esta activista aragonesa lleva desde 2011 trabajando en temas de igualdad de género en Mozambique, con agencias como ONU Mujeres y ONG locales. En la actualidad, colabora con la Marcha Mundial de las Mujeres, organización que en este país intenta mostrar el acoso al que se someten las niñas en las aulas, así como la ineficacia de las medidas que el Gobierno y la comunidad educativa han adoptado hasta la fecha para hacer frente a esta lacra.

"Hay niñas que para pasar de curso tienen que ceder a abusos sexuales por parte de profesores", denuncia en conversación telefónica desde Maputo otra española que ha sido testigo directo del enfrentamiento de Eva con las autoridades mozambiqueñas.

Los profesores que cometen esos abusos y son denunciados "en el mejor de los casos son transferidos de centro, pero pocas veces se han aplicado penas" de cárcel, añade esta española, que pide mantener el anonimato.

Otra de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación para evitar el acoso sexual ha sido pasar al turno de tarde a las alumnas que se quedan embarazadas en la educación secundaria, lo que a juicio de las asociaciones feministas solo consigue volver invisible su drama y alejarlas de la educación, pues acudir al colegio de noche es para ellas más peligroso.

Faldas hasta los tobillos

La protesta que le valió a Eva su expulsión se enmarca en este contexto. Recientemente, varias escuelas de Maputo han decidido que para luchar contra el acoso en las aulas las niñas deben acudir con una falda que les cubra hasta los tobillos.

La organización para la que trabaja Eva decidió organizar el pasado 18 de marzo una protesta pacífico-festiva a las puertas de un colegio de Maputo, donde al margen de exhibir varias pancartas se iba a representar una obra de teatro, y se había convocado a los medios de comunicación. La organización no comunicó la acción a las autoridades, al entender que no se trataba de una manifestación.

Cuando la acción de protesta apenas había arrancado con unos cantos y bailes, un gran despliegue policial, según testigos, con agentes armados y con perros se personó en el lugar. La mayoría de las chicas que participaban en la protesta salió corriendo pero algunas de ellas, entre ellas Eva, plantó cara a la Policía, que se llevó detenidas a la comisaría a la española, junto a otras cuatro compañeras, tres mozambiqueñas y una brasileña.

Fueron liberadas al cabo de cinco horas, después de que se presentara la procuradora y evidenciara que no había ningún escrito que justificase su arresto. El incidente, del que se hicieron eco los medios de comunicación, generó un fuerte debate público en el país que llevó a miembros del Gobierno a arremeter contra las activistas extranjeras que, según ellos, les llenan la cabeza a las niñas mozambiqueñas de ideas que van en contra de su cultura.

Una semana después, agentes de Aduanas se presentaron en el edificio donde residía Eva y comenzaron a hacer preguntas sobre ella. Unos días después, la española recibió una notificación de que debía presentarse en unas oficinas de inmigración para presentar una serie de documentos.

El 29 de marzo, Eva se presentó en la oficina de inmigración con su abogado. Cuando éste se ausentó tras comprobar que toda la documentación de Eva estaba en regla, a ella le dijeron que debía acompañarles a otra oficina, pero en realidad la llevaron al aeropuerto. Ella avisó entonces a sus abogados y a la Embajada española.

Solo al filo de la medianoche, y después de que la procuradora se personase alertando de que no podían retenerla ni expulsarla del país sin una orden formal, la dejaron en libertad. Pero pocas horas después el ministro del Interior, Jaime Basilio Monteiro, decretó la expulsión de Eva, a quien acusa de "participar en una manifestación ilegal" y portar pancartas con consignas "ofensivas a las buenas costumbres" de Mozambique.

Como consecuencia de esta expulsión, Eva tiene prohibida la entrada en el país en los próximos 10 años. Sus abogados estudian recurrir la decisión, han informado fuentes del entorno de la afectada.

Exteriores protesta

Entre tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha convocado al embajador de Mozambique en España a una reunión en la sede del departamento en señal de protesta por la expulsión de Eva, han informado fuentes diplomáticas.

Le trasladarán la "queja" de España por lo sucedido y pedirán de nuevo explicaciones acerca de los motivos que han llevado a su expulsión, ya que hasta la fecha las autoridades mozambiqueñas no han trasladado de forma oficial a las españolas ninguna comunicación en este sentido, han precisado las fuentes.

Las autoridades mozambiqueñas no informaron a las españolas de la detención de la activista, al contrario de lo que suele ser habitual entre países amigos. Cabe recordar que Mozambique es uno de los países africanos que más fondos recibe de la Cooperación Española. Entre 2012 y 2014, por poner un ejemplo, la ayuda al desarrollo destinada a este país ha oscilado entre 9 y 14 millones de euros brutos anuales, según puede consultarse en la herramienta Infoaod del Ministerio.

Prohibieron a la cónsul visitarla

Fue la propia Moreno la que informó el pasado 29 de marzo a la Embajada de España en Maputo cuando se dirigía a las oficinas del servicio de inmigración. La cónsul española se dirigió a esas dependencias de inmigración para asistirla, pero las autoridades mozambiqueñas no le permitieron que pudiera visitarla, han detallado las fuentes diplomáticas.

Al ser trasladada la afectada al aeropuerto, la cónsul pudo acompañarla en persona y pidió explicaciones a las autoridades de lo que estaba ocurriendo, pero no obtuvo respuesta. La Embajada española tampoco recibió ninguna comunicación oficial de estos hechos.

Por todo ello, la misión diplomática de España en Mozambique presentó el miércoles una petición oficial de explicaciones de las razones que llevaron a la decisión de expulsar del país a la activista, a través de una nota verbal (el escrito formal más habitual en diplomacia).