Aragón cuenta con un parque de 760.000 viviendas, con 70.000 edificios de cuatro plantas sin ascensor y 540.000 que fueron construidas antes de 1980, "año en el que se hizo la primera normativa de edificación que hablaba de eficiencia energética y aislamiento", por lo que se trata de inmuebles que habrá que rehabilitar "con el paso del tiempo", explicó ayer Luis Soriano, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y presidente de la Mesa por la Rehabilitación.

Esta entidad, formada recientemente por varios colegios profesionales relacionados con la vivienda y la construcción, además de por empresas y entidades financieras, acudió ayer al Gobierno de Aragón para explicar la necesidad de invertir en la mejora del parque de viviendas aragonés.

Soriano dejó claro que lo que la Mesa por la Rehabilitación de la Edificación y Regeneración Urbana en Aragón llevaba al Gobierno autonómico no eran "reivindicaciones, sino propuestas". "No venimos a hablar de subvenciones, sino de posibles soluciones", precisó el decano de los ingenieros industriales, que no obtante sí dejó una cifra importante sobre la mesa: 50 millones de euros. Tal es, a juicio de la Mesa por la Rehabilitación, la cantidad que debería invertirse en conjunto cada año en Aragón para mejorar los edificios existentes, algo que además ­–señaló– generaría un millar de empleos directos anuales "porque en la rehabilitación el requerimiento de mano de obra es mucho mayor" que en la obra nueva.

Pero eso no significa que esos millones deban ser de dinero público, y citó que hay en la Mesa entidades financieras, por ejemplo, dispuestas a crear "créditos puente" para que ninguna comunidad de particulares deba renunciar a un proyecto de rehabilitación solo porque alguno de los vecinos no tenga en ese momento la solvencia suficiente para pagar su parte.

Soriano apuntó que las administraciones (no solo el Gobierno, puesto que algunas cosas dependen de los ayuntamientos) podrían ayudar también simplificando los trámites para autorizar la realización de proyectos. "Cualquier tipo de licencia o trámite es complejo, porque dependen de departamentos que no tienen relación entre ellos, y es complicado conseguir los permisos; es una traba tremenda", explicó. Subrayó que tener los edificios en perfecto estado de habitabilidad es "un derecho y un deber de todos los ciudadanos", que además mejoran su calidad de vida y su economía si los inmuebles son accesibles y están bien aislados (lo que reduce el gasto energético).

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu, recibieron al propio Soriano, que estuvo acompañado por Lucio de la Cruz y Cristina Cabello, del Colegio de Arquitectos; Miguel Ruiz Lizondo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas; Eugenio García-Rodeja, director de la asesoría jurídica de Cepyme Aragón; y Federico Michell, presidente de la Federación de Industrias y Empresas de la Construcción (Fieco).

El consejero José Luis Soro aseguró estar de acuerdo con los planteamientos de la Mesa por la Rehabilitación y dijo que "ya ha pasado el tiempo de empecinarnos en nuevos desarrollos, hay que actuar en la ciudad consolidada" porque ofrece "muchas ventajas sociales", entre ellas "luchar contra la pobreza energética".

Reconoció que "será necesario disponer de más recursos" y remitió al próximo Plan Nacional (el actual acaba este año), que tendrá que ser negociado por el nuevo Gobierno central y las comunidades autónomas. Soro indicó que, entre otra cosas, será preciso que estas tengan "mayor ámbito de autonomía a la hora de decidir" qué hacer con los recursos que llegan del Estado y de Europa.