Lambán remite a los líderes nacionales las reivindicaciones aragonesas
Entre ellas figura la satisfacción de la deuda histórica y un sistema de financiación justo.
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha enviado una carta a los líderes de los partidos nacionales para recordarles las exigencias que tiene la comunidad ante la conformación del nuevo gobierno, entre ellas la satisfacción de la deuda histórica y un sistema de financiación justo.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha explicado que en la misiva, que se ha enviado también a lo diputados y senadores aragoneses, se marca la "hoja de ruta" de lo que el próximo Gobierno de España, "de cualquier color", debería hacer respecto a su relación con Aragón y para defender el interés general de sus ciudadanos.
En la carta, Lambán recuerda que Aragón va a exigir "siempre" y no va a renunciar "nunca" a reivindicar la deuda histórica, que las Cortes aprobaron por unanimidad pedir al nuevo gobierno y en cuya determinación trabaja el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, teniendo en cuenta cuestiones como las mermas tributarias, las inversiones no realizadas o la legislación estatal que no ha estado acompañada de la financiación suficiente.
Además, el presidente recuerda que es necesario que la voz de Aragón "se oiga" en el proceso de reforma del sistema de financiación autonómica y que se tenga en cuenta los condicionantes demográficos y geográficos de la comunidad para asegurar la prestación de los servicios públicos a todos los españoles "en términos de igualdad".
Lambán estima, según ha dicho Guillén, que el nuevo gobierno debe revisar el margen de déficit que se permite a las autonomías, en tanto en cuanto el objetivo estatal se sitúa en el 2,8% pero el gobierno central impone un 0,3% a las comunidades.
Con un reparto basado en el peso de cada comunidad en el gasto público total, Aragón podría llegar a un déficit de entre casi 350 millones de euros frente a los 107 que actualmente se le permiten, según Guillén.
También se exige que ante una deuda "impagable" de las comunidades, el Estado se haga cargo de parte de ella, de forma proporcional al PIB de cada autonomía y no al montante total de la misma, para no primar a los menos cumplidores.
