La DGA incumple su compromiso y solo garantiza devolver el 25% de la extra en abril
La previsión era abonar este mes a los 50.000 funcionarios el 50% de la paga retenida en 2012. El resto debía saldarse en septiembre y Hacienda no da fechas, aunque dice que será a lo largo del año.
El Ejecutivo aragonés no podrá cumplir el acuerdo firmado con los sindicatos para pagar este mes a los funcionarios el 50% de la extra adeudada desde 2012. El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, planteará hoy en el Consejo de Gobierno abonar el 25%, que además se retrasará hasta abril. Asimismo, no hay fecha concreta para devolver el 50% (el 25% restante lo abonó el PP-PAR antes de las elecciones de mayo de 2015). Esta es la solución de mínimos a la que se ha visto abocado Gimeno después de que hace una semana el PP y Podemos se aliaran en las Cortes para tumbar la modificación presupuestaria de 5,5 millones con la que pretendía completar la partida necesaria para abonar el 50% comprometido en un acuerdo que ya desde el principio generó serias dudas entre los sindicatos.
Fuentes del Departamento de Hacienda explicaron que el pago del 25%, que supone alrededor de 21,7 millones de euros a repartir entre los casi 51.000 empleados públicos (incluidos los de la universidad y la enseñanza concertada), será posible gracias a que en el capítulo de personal del presupuesto de 2016 se tomó como referencia la liquidación del de 2015, cuando los funcionarios ya recuperaron una cuarta parte de la extra suprimida por el Gobierno central en Navidad de 2012. Por ello, este gasto sí que tiene consignación en las cuentas del presente ejercicio.
Además, las mismas fuentes señalaron que este mes "no da tiempo" de cumplir los trámites de contabilidad y elaboración de nóminas, por lo que finalmente el pago no se hará efectivo hasta abril.
Por lo que respecta al 50% que quedará pendiente tras este pago, desde Hacienda solo señalaron que "se seguirán estudiando todas las posibilidades para cumplir el resto del compromiso tan pronto como sea posible". Eso sí, no concretaron fechas, si bien garantizaron que se pagará este año. En el acuerdo con los sindicatos, el segundo plazo para saldar toda la deuda se fijó en septiembre.
Si se cumple o no dependerá en buena medida de cuál sea la solución que se adopte. Una posibilidad sería que Fernando Gimeno vuelva a llevar a las Cortes una modificación presupuestaria que, a diferencia de la que presentó el día 14, se negocie para contar con los suficientes apoyos. Si lo lograra, podría acortar la espera de los funcionarios, que llevan meses avisando de que exigirán por todos los medios cobrar según el calendario establecido."Abierto a negociar"
Tras el duro revés de la semana pasada, ayer, en la comisión de Hacienda de las Cortes, Gimeno se mostró "abierto a negociar" tanto esta cuestión como la partida de 8,8 millones para las comarcas que también bloquearon PP y Podemos. Fue el primer varapalo al Gobierno PSOE-CHA, derivado del nuevo sistema de control parlamentario introducido en la ley de presupuestos de este año a iniciativa de la formación morada. Ambos grupos se mostraron ayer dispuestos a estudiar fórmulas que no afecten al gasto social.
La otra opción, por la que siempre ha apostado el consejero, es esperar a finales del ejercicio y destinar a la extra partidas que se hayan quedado sin ejecutar. "Yo la hubiera pagado igual sin la modificación de crédito", afirmó ayer Gimeno en respuesta a una pregunta del diputado de Ciudadanos Javier Martínez. Incluso afirmó que ya había pactado con el Gobierno central esta solución, e insistió en que el problema se resolverá "a final de año".
Martínez le preguntó cómo pretendía afrontar el pago de la extra teniendo en cuenta que bloqueó distintas partidas, entre ellas el 2% del gasto de personal de todas las secciones, y que la ejecución de ese capítulo en 2015 "fue superior al 100%". "Está acumulando dinero por todas partes (la retención hecha en febrero alcanza los 56,5 millones) pero no vemos que salga para cumplir ningún compromiso", censuró el diputado, que afirmó que a su grupo le empieza a "preocupar sobremanera" lo que consideró que son "recortes". Gimeno rechazó este extremo.
Hoy, los tres sindicatos mayoritarios (CC. OO., CSIF y UGT) se concentrarán a las puertas del Pignatelli para exigir la devolución. Poco antes, el mismo Consejo de Gobierno donde Gimeno debe presentar su propuesta, tiene previsto dar el primer paso para la futura Ley de Función Pública. El clima para sentarse a negociar con los representantes de los funcionarios no parece el más propicio.
