La minería aragonesa afronta su año crucial "parada" y sin visos de solución desde Madrid

Las minas de Teruel apenas están produciendo un 25% de lo habitual, mientras reclaman algún movimiento desde Madrid y esperan la decisión de Endesa.

La máquinas extraen carbón en la mina de Samca en Ariño.
La máquinas extraen carbón en la mina de Samca en Ariño.
Antonio garcía./Bykofoto

El calendario sigue quemando meses en contra del sector minero-energético de Aragón. Una situación que lleva postergándose desde hace más de un año, cuando comenzaron a sonar las primeras alarmas sobre la necesidad de que Endesa y su matriz italiana Enel se posicionaran con respecto a las inversiones que necesita la central de Andorra para continuar su actividad más allá de 2023 y, sobre todo, por la falta de un nuevo mecanismo que incentive la venta de carbón nacional, que el actual Gobierno en funciones nunca ha conseguido sacar adelante.


Ahora, con el mes de mayo como nueva fecha límite para saber qué futuro deparará a los casi 600 empleos directos y más de 4.000 indirectos que la minería y la central aportan a la provincia turolense, sindicatos y trabajadores han pasado de hablar de “incertidumbre” a afrontar los primeros despidos fruto de la falta de actividad de un sector al que la actual situación política, con un Gobierno en funciones y sin perspectivas de nuevos movimientos, aún está atenazando más.


Este miércoles el Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, visitó las instalaciones de la térmica andorrana, donde se entrevistó con responsables de Endesa. La cita no reveló nuevas noticias ni impresiones sobre la decisión de la empresa energética con respecto a las inversiones, pero en ella Lambán aprovechó para señalar la “inacción” del Gobierno central ante la crisis del carbón, una acusación que también han repetido en varias ocasiones los representantes políticos de las otras regiones con cuencas mineras; Asturias, también bajo gobierno del PSOE, y Castilla y León, donde el PP leonés llegó a pedir la dimisión del Ministro de Industria, José Manuel Soria, tras ganar las elecciones en la comunidad vecina el pasado mes de mayo.200 empleos menos y las minas y la térmica prácticamente paradas


Así las cosas, los trabajadores de las minas y la central, que llevan meses denunciando también esta “inoperancia” por parte del Ejecutivo central, están viendo como todo este clima empieza a repercutirles ya directamente en un año que ha comenzado con planes de reajuste y despidos que en total afectan a algo más de 200 trabajadores.


El primer varapalo fue la constatación del cierre de la mina de interior de Ariño a partir del próximo mes de diciembre, lo que dejará en el limbo a unos 130 trabajadores. Después se conoció el plan de ajuste propuesto por Endesa en la central, el menos traumático al afectar a 42 empleados mediante prejubilaciones y bajas pactadas. Y por último, el despido de 33 trabajadores de una subcontrata de Samca en la mina a cielo abierto debido al descenso de actividad. Sin embargo, los representantes del sector temen que si su futuro sigue pendiente de un hilo, las bajas vayan a más.


“Endesa está tensando la cuerda a la espera de ver si el Ministerio hace algo, que si no lo ha hecho en todos estos años parece improbable que lo vaya a hacer ahora, y mientras la actividad en las minas se está reduciendo a pasos agigantados en este comienzo de año”, señala Sebastián Ruiz, presidente del Comité de Empresa de Samca a cielo abierto.


Según ha comunicado la empresa minera a los trabajadores, durante los meses de enero y febrero solo se han vendido 52.000 toneladas de carbón a la central, un 25% menos que el año pasado, lo que hace que el trabajo, poco a poco, vaya mermando a pesar de que las minas turolenses hayan sido en los últimos años las más rentables y sólidas de España.


La explicación a este descenso de actividad radica en la escasa cuota de mercado a la que ha tenido acceso hasta ahora la electricidad generada mediante la quema de carbón debido a que la climatología del año ha propiciado que sean las energías renovables y la hidroeléctrica las que más aporten a la red. Como resultado, la térmica de Andorra solo ha generado hasta la fecha unos 280 gigavatios hora, un tercio de la electricidad que produjo en los mismos meses de 2015.


Sin embargo, los representantes sindicales creen que si existiera un mecanismo que garantizara de alguna forma la compra de carbón autóctono -ahora expuesto al libre mercado desde que venciera el Decreto del Carbón en 2014- esta situación no sería tan dramática.A la espera de la decisión de Endesa y sin noticias de Madrid


Joaquín Noé está viviendo la crisis de la minería desde dos perspectivas. Como alcalde de Ariño (PSOE) ha visto como su pueblo ha perdido un 15% de población en apenas tres años tras la parálisis de la minería. Como trabajador del pozo que cerrará a finales de este año también está pendiente de qué pasará con su empleo.


“No estamos pidiendo que se subvencione la compra de carbón autóctono, porque de hecho eso Bruselas no lo va a permitir. Pero creemos que es necesario proteger el sector garantizándole una parte dentro del mix energético porque a fin de cuentas en la única fuente de energía nacional que tenemos de forma concreta. Es lo que están haciendo en otros países europeos como Polonia o Alemania, no es nada extraordinario”, explica Noé, en referencia a las fluctuaciones que todavía tienen las fuentes renovables en función de si hay por ejemplo recurso eólico.


Su reclamación es la que han llevado por escrito en varias ocasiones al Ministerio los ediles de las cuencas de Aragón, Asturias y Castilla y León, agrupados en la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM), a la cual pertenece Ariño, y también la Mesa de la Minería de Andorra. Además de reconocer el carbón como una fuente de energía nacional, también están pidiendo que se rebaje su precio eximiendo al mineral del pago del céntimo verde, y preservar los acuerdos del Plan del Carbón 2013-2018, que nunca se han llegado a cumplir.


Todo ello para articular un mecanismo que pueda rebajar el precio del carbón turolense y nacional sin que Europa o la CNMC vea una interferencia en la competencia, como ya ocurrió con el único borrador que el actual Gobierno en funciones planteó hace unos meses y que ya está apartado y sin opciones de seguir estudiando otras vías hasta que se aclare la situación política.


La constatación de esta “inacción” la tuvieron los mineros, según señalan, después de tener noticias de una carta enviada por el Ministerio a la patronal -Carbounión- en la que se emplazaba a seguir las negociaciones con el próximo Ejecutivo. Demasiados meses, otra vez, para un sector que lleva años languideciendo.


Y mientras, la otra 'guerra' del sector -principal al ser la razón de ser de las minas- se juega en la continuidad de la central de Andorra. En un principio se barajó la posibilidad de que el Gobierno apoyara económicamente las adaptaciones medioambientales que tiene que afrontar la instalación para producir menos emisiones, algo que ahora mismo no está sobre la mesa.


Por el momento, fuentes de Endesa confirman que en las últimas semanas se han estado realizando diferentes pruebas con carbón de importación -que aporta un 30% de la mezcla frente al 70% del turolense que se quema en Andorra- para buscar optimizar las rentabilidades y reducir las emisiones. Unas pruebas que tampoco han llegado exentas de polémica porque varias organizaciones ecologistas denuncian que en realidad se está experimentando con derivados del petróleo que pueden repercutir en una mayor contaminación.


“Llevamos meses en tierra de nadie y seguimos en tierra de nadie, pero el reloj sigue corriendo”, señala Hilario Mombiela (UGT), presidente del comité de empresa de la térmica, quien, no obstante, dice que sigue "viendo luz al final del túnel”, para que Enel realice la inversión -estimada en 230 millones de euros- y la comarca pueda mantener la central unas décadas más a la espera de que se ejecute un nuevo plan de reindustrialización que sería el enésimo; y que ahora sí, necesitan que sea efectivo.

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