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Un perito certifica que Agapito Iglesias cobró 2,6 millones de más a Plaza en otro encargo de naves

La DGA estudia ahora "acciones" pese a que los informes encargados por la empresa pública se entregaron hace un año. La posibilidad de recurrir a la vía penal, a punto de prescribir.

Agapito Iglesias.
Foto de archivo de Agapito Iglesias.
J. M. M.

Otros tres informes periciales encargados hace un año por Plaza certifican que el empresario Agapito Iglesias cobró 2,6 millones de euros de más a la sociedad pública por la construcción del resto de naves industriales que se le encargaron por concurso público y por las que ingresó, en total, 16,4 millones. Los extensos y detallados documentos están fechados en abril de 2015, pero solo ahora el Gobierno presidido por el socialista Javier Lambán estudia posibles "acciones".

Se da la circunstancia de que el plazo legal para incoar diligencias por la vía penal está a punto de expirar y que hace solo quince días la actual dirección de Plaza reconoció al consejo de administración que aún no se habían estudiado los informes. Y han pasado más de ocho meses desde el cambio de gobierno.

La consejera de Economía y presidenta de Plaza, Marta Gastón, solicitó ayer el acuerdo del consejo para "continuar con los análisis técnicos y jurídicos" de las dos grupos de naves y del pabellón logístico ocupado por la aduana, que se adjudicaron a la constructora de Agapito Iglesias, Codesport, entre 2003 y 2008. "En función de las conclusiones y resultados, la sociedad llevará a cabo las acciones que fueran pertinentes para defender sus intereses", señaló el Gobierno en una nota de prensa sin aclarar siquiera la existencia de las periciales, el importe del desfase económico ni quién fue el beneficiario.

Este nuevo frente que se le puede abrir a Agapito Iglesias nada tiene que ver con la promoción de naves que Plaza llevó a los tribunales y que le ha costado una primera sentencia a cuatro años de cárcel por un delito de malversación, dictada hace justo un mes. La misma pena se impuso al exviceconsejero del Gobierno aragonés Carlos Esco (PSOE) y al exgerente de Plaza Ricardo García Becerril por un agujero de 8,7 millones de euros en las cuentas de la sociedad pública.

El encargo de los tres informes periciales que analizan el resto de promociones adjudicadas a Codesport por concurso se autorizaron por el consejo de administración de Plaza a finales de 2014. El reconocido arquitecto zaragozano Jesús Marco los entregó en abril de 2015 tras analizar al detalle toda la documentación de la compañía sobre las obras y visitar incluso las naves.

El desfase se concentra en dos edificios modulares de naves encargados en septiembre de 2004 y cuyo certificado final de obra se firmó en mayo de 2006. A juicio del perito, Codesport llegó a cobrar casi un millón más de lo que debía al "evadir una importante cantidad de obra durante la ejecución y elevar sustancialmente los precios unitarios" aplicados en las certificaciones. "Según el muestreo, los valores certificados se encontrarían elevados un 234% de media sobre los precios unitarios contractuales", apunta el informe.

Pese a tratarse de un contrato llave en mano, modalidad por la cual se asume el riesgo de un posible sobrecoste respecto al precio de adjudicación, Codesport presentó varios anexos de obra, que inflaron el importe final en 2,2 millones.La prescripción, en dos meses

El certificado final de esta obra se firmó en mayo de 2006, por lo que el plazo legal de diez años para emprender acciones legales por la vía penal (acogiéndose a los presuntos delitos de malversación y administración desleal, al igual que en el caso Naves) expira el próximo mes de mayo.

La posibilidad de recurrir a la vía penal ya ha prescrito en un segundo contrato, el del conjunto de naves más conocidas de la plataforma, las que tiene su cubierta decorada con el nombre de Plaza: la última certificación se remonta a 2004. En este caso, se pagaron 8,5 millones y el perito estima el desfase en 350.410 euros.

El tercer encargo bajo sospecha es el del pabellón logístico que ocupa la aduana, dependiente de la Agencia Tributaria. El desfase es el menor de todos, 108.604 euros, y se dispone de tiempo para emprender acciones penales, puesto que el certificado final de obra se remonta a marzo de 2008.

Fuentes jurídicas consultadas aseguraron que en los tres casos cabe reclamar por la vía civil, ya que se dispone de un plazo de quince años para hacerlo. "Otra cuestión es la posibilidad de ganar el pleito y de cobrar", añadieron.

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