El Gobierno de Aragón pagará este mes de marzo a los 50.925 funcionarios de la administración autonómica el 50% de la extra suprimida en diciembre de 2012. Eso sí, el resto de la cantidad adeudada, un 25% del total, todavía no está claro no solo cómo se abonará, sino si finalmente llegará este año a los bolsillos de los empleados públicos. El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, confirmó que esa cantidad se quiere atender, pero condicionó su pago "a la estabilidad presupuestaria, tal y como dice la ley de presupuestos".

El primer paso para abonar ese 50% de la extra se dará el lunes en la comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón, cuando se debata una modificación presupuestaria de 5,59 millones de euros. Después, está previsto abonar en septiembre el 25% (más de 20 millones que se sumarían a los pagados en 2015). La cifra está muy lejos de los 43,4 millones de euros que, según la Dirección General de la Función Pública, supone el pago del 50% de la extra en marzo, así como de los 56,5 millones de euros que el consejero de Hacienda retuvo hace unas semanas, según dijo en ese momento, para abonar la extra de 2012.

Esta cuestión suscitó la preocupación de los grupos políticos de la oposición. En concreto, el PP afirmó que los fondos para pagar la extra van a salir de las partidas de personal de este año. No en vano, el diputado popular Antonio Suárez recordó que la interventora ya avisó de que la extra no estaba incluida en el presupuesto y que el capítulo de personal no estaba suficientemente dotado. "Estas modificaciones demuestran la insuficiencia del presupuesto", dijo Suárez.

Para Elena Allué, del PAR, "pagar la extra de 2012 con los sueldos de este año es una aberración" y Javier Martínez, de Ciudadanos, señaló que "la falta de previsión para la dotación destinada a pagar la extra va a suponer tener que acometer más recortes en todos los departamentos". Gimeno destacó que los fondos saldrán de las partidas del presupuesto, dando a entender que había dotación complementaria para la extra de 2012 pese a que la interventora dice lo contrario. Insistió en que con esos 5,5 millones más es suficiente para atender todos los compromisos.

Al margen de las dudas sobre las cifras que mantuvieron Gimeno y la oposición y que se tendrían que despejar en los próximos días, desde la DGA se trató de transmitir un mensaje de tranquilidad a los funcionarios. El director general de la Función Pública, Ignacio Zarazaga, explicó que la situación actual es mucho mejor que la solución pactada en noviembre con UGT y CSIF que estaba basada en la fórmula de los anticipos. Eso sí, aseguró que en diciembre habrá que ver "los flecos" para liquidar la totalidad de las deudas con las oportunas modificaciones del presupuesto.Cautela de los sindicatos

Los sindicatos confiaron en que esta vez la DGA cumpla sus compromisos, sobre todo después de la inclusión de una enmienda en el articulado de los presupuestos de 2016 que garantiza el pago de la extra.Pero expresaron sus cautelas, especialmente por la situación de las cuentas autonómicas, a la vez que amenazaron con la vía judicial. "Si no se cumple, iremos a los tribunales. Todo lo que no sea cobrar las cuantías pendientes, en marzo o en septiembre, y las extras de julio y diciembre, tendrán la correspondiente demanda", dijo Francisco José González, de CC. OO.

José Carlos Pardillos, de CSIF, afirmó que su sindicato firmó el acuerdo "con la confianza de que se fuera a cumplir". "Si no cumple, pondremos en marcha toda nuestra artillería legal y sindical", advirtió. La responsable de UGT Alicia Hernández fue la que menos dudas expresó respecto al cumplimiento de los acuerdos y recordó que el pacto firmado establecía los plazos y el cómo. "El 31 de marzo recuperaremos el 50% de la paga extraordinaria, en septiembre estará el 25% y se pagará mediante modificaciones presupuestarias", declaró.