Los representantes de las organizaciones empresariales y de trabajadores autónomos de Aragón reclamaron ayer al Gobierno PSOE-CHA que cumpla la ley y los plazos para pagar a proveedores y adopte medidas urgentes para evitar demoras de 99 días, como sucedió en el pasado mes de diciembre, siendo la comunidad que más tarda en abonar las facturas. Tanto Cepyme, como CEOE-Zaragoza, ATA y UPTA advirtieron del daño que se está produciendo a las pymes y a las autónomos y, en consecuencia, al consumo y a los aragoneses en general.

Entre las medidas propuestas están el pago de las deudas a los proveedores a través de las entidades financieras de forma inmediata y con un porcentaje de interés que sea asequible y no suponga quiebra para los autónomos y las pymes, y que las administraciones morosas, en este caso la DGA, paguen intereses de demorar cuando superan el plazo previsto en la normativa (sesenta días como máximo).

Las cuatro organizaciones criticaron la demora de 99 días en el pago de facturas en diciembre y consideraron que "la situación no ha mejorado apenas y es discutible que en lo que va de 2016 se esté pagando en 75,5 días. Aún así se está muy por encima del límite legal establecido en 60 días". Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda ya advirtió que intervendrá las cuentas de Aragón si la DGA no soluciona la morosidad en breve.

El presidente de Cepyme-Aragón, Aurelio López de Hita, manifestó ayer que es "poco admisible que las administraciones públicas tengan un nivel de morosidad tan alto y que el que está obligando a cumplir la norma no lo haga".

López de Hita, que calificó de "muy seria" la situación, consideró necesario que "las entidades financieras abonen por adelantado el importe de las facturas con un porcentaje moderado y adecuado que no dañe la situación de empresarios y autónomos. Eso sería como mal menor, porque es necesario reducir del todo la morosidad".

Asimismo, el máximo responsable de CEOE-Zaragoza, Ricardo Mur, resaltó que "no puede ser que sean las empresas las que financien a las administraciones públicas. Y no es admisible que se aprueben normas contra la morosidad y que sea el Gobierno autonómico el que la incumpla".

Mur destacó que la demora en el pago a proveedores "perjudica a pymes y autónomos que en Aragón supones más del 92% del tejido empresarial, con la importancia que eso tiene en el empleo. Si las cosas no mejoran, solo las grandes empresas podrán contratar con las instituciones, porque son las únicas que pueden aguantar demoras tan largas en cobrar los servicios y el abastecimiento de productos".

Por su parte, Álvaro Bajén, secretario general en Aragón de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), indicó que "las demoras son negativas para todo el conjunto de la economía. De una forma u otra siempre afecta en mayor medida a los autónomos y a las pequeñas empresas, que son los últimos del escalafón a la hora de cobrar. Nunca es bueno que los plazos legales de pago se incumplan".

Bajén añadió que "cuando hay impagados y se retrasan los plazos de abonar las facturas debería de haber mecanismo que protegieran a los autónomos y a las pymes, sobre todo en el ámbito de la financiación. No hay que olvidar que son los que más problemas se encuentran a la hora de pedir financiación para asegurar sus actividades productivas y profesionales. Al final, el daño es al conjunto de la economía productiva".

La presidenta en Aragón de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Mayte Mazuelas, calificó de grave el retraso en el pago a proveedores. "Hemos ido a peor –dijo–, y esto siempre afecta más a los autónomos aunque también tenga efectos negativos sobre el consumo".

Mazuelas reclamó "medidas urgentes" y entre ellas propuso "poner en marcha elementos sancionadores a las propias administraciones cuando demoran sus pagos e incumplen los plazos. No estaría de más que paguen la morosidad con el mismo porcentaje que las entidades financieras aplican a créditos a los autónomos y a los ciudadanos".