Olona cerrará las oficinas de gestión de seis espacios naturales protegidos

Aunque no hay fecha, la decisión ya está tomada. El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, que dirige Joaquín Olona, cerrará las oficinas de desarrollo socioeconómico de seis espacios naturales protegidos de la Comunidad, y solo prevé la continuidad de la de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala. La medida no ha sido comunicada oficialmente, pero los ocho trabajadores y los ayuntamientos de las zonas de influencia de estos espacios tienen claro que su mantenimiento está en el aire. La razón no es otra que el descenso radical de la partida reservada a este fin en los presupuestos de la DGA, de nada menos que un 85%, lo que ha generado críticas de la oposición y, sobre todo, de los territorios afectados.

Si el año pasado había 400.000 euros, para 2016 tan solo se han consignado 60.000, pese a que durante la tramitación parlamentaria de las cuentas varios grupos presentaron enmiendas para incrementar la dotación, que fueron rechazadas. Esta situación aboca al cierre a las oficinas de los parques naturales de la Sierra y los Cañones de Guara, Valles Occidentales y Posets-Maladeta en la provincia de Huesca; el del Moncayo en Zaragoza y los de la Sierra de Albarracín y la Laguna de Gallocanta en Teruel. Solo se salvará el de Ordesa-Viñamala, ubicado en Torla, al considerar que tiene un carácter más técnico.

Estas oficinas se implantaron en 2005 para "promover actuaciones orientadas al desarrollo sostenible en las que estén implicados todos los recursos existentes". Realizan sobre el terreno trabajos de atención al visitante, desarrollo de proyectos generadores de empleo, actuaciones de promoción y educación ambiental y dinamización de las ayudas destinadas a las áreas de influencia de estos espacios naturales. Trabajan en colaboración con las empresas y colectivos del territorio, como empresarios, ganaderos... En cada una de ellas hay un gerente y además hay dos administrativos dedicados a la coordinación. Hasta ahora, las oficinas estaban gestionadas con fondos propios que han desaparecido y el Gobierno PSOE-CHA ha dejado claro que "no cumplen los requisitos" para beneficiarse de las subvenciones que reciben los espacios, procedentes en su mayoría de la Unión Europea.

Por ello, se ha decidido que sean los propios técnicos de la Consejería y los servicios provinciales los que asuman esas tareas. La intención es reubicar a los trabajadores, que dependen de la empresa pública Sarga, aunque la DGA no garantiza que puedan quedarse en esas zonas. "La empresa no nos da ninguna información", lamenta Néstor Bolívar, miembro del comité de empresa de la provincia de Huesca y gerente de la oficina de Posets-Maladeta, ubicada en Benasque. Y coincide con el alcalde de la localidad, José Ignacio Abadías, en que "el espíritu era que los parques se administraran desde el territorio".

Tanto Abadías como los alcaldes del resto de municipios del Parque Natural (Montanuy, Sahún, San Juan de Plan y Gistaín) consideran que desde los servicios provinciales no se podrá prestar la misma atención que in situ. "Si hay una figura de protección, tiene que haber representación en el territorio, que conozca los problemas, las posibles soluciones, las aspiraciones de la población... Todos estamos de acuerdo en que las oficinas son muy eficaces y la gestión a distancia será más lenta y complicada", asegura el edil.

"Si el Parque Natural solo va a conllevar afecciones y limitaciones –advierte–, nos tendremos que replantear si esa figura nos interesa o no". Por ello, y a falta de conocer el presupuesto del patronato para este año –hoy se reúnen con el responsable del Posets, Federico Peláez–, han lanzado un órdago al Departamento de Medio Ambiente. Piden "el incremento de los recursos económicos para estos espacios o la derogación de las leyes de declaración y constitución de los mismos".