El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha atendido a 8.500 ciudadanos y ha realizado 455 sugerencias a las Administraciones públicas, según figura en el informe de actividad de la institución correspondiente a 2015, que este martes ha entregado al presidente de las Cortes autonómicas, Antonio Cosculluela. Ya ha solucionado el 61 por ciento de las casi 3.000 quejas tramitadas el año pasado.

De estos expedientes, 2.285 fueron iniciados en 2015 y el resto en años anteriores. Del total, en estos momentos, el cinco por ciento no se ha podido resolver por falta de colaboración de la Administración, el 26 por ciento está en trámite y el ocho por ciento se han derivado al Defensor del Pueblo.

García Vicente ha recibido personalmente a 445 personas y un grupo y en la web de la institución se han registrado 1.667.238 visitas, 350.000 más que el año anterior, contabilizándose 3.500 seguidores en Twitter.

Por provincias, en 2015, ha recibido 1.501 quejas de Zaragoza, 236 de Huesca y 151 de Teruel. Por materias, se han registrado 390 en materia de asistencia social, 235 en educación, 222 de hacienda, 176 de empleo público, 157 de sanidad, 128 en servicios públicos, 118 de Administración de Justicia, 117 de Interior, 106 de medio ambiente, 91 de vivienda, 81 en urbanismo, 75 de Derechos, 58 de trabajo, 56 de menores, 46 sobre Cultura y Patrimonio, 41 de Seguridad Social, 40 de obras públicas, 31 de economía, 28 de agricultura e industria, 20 en comercio, 19 en contratación pública y cinco en ganadería.

De todas ellas, se han dirigido 848 quejas a la Administración autonómica, 638 a los ayuntamientos, 75 a la Administración del Estado, 64 a las comarcas y 10 a las diputaciones provinciales.

La materia que ha sumado un mayor número de asuntos, bienestar social, ha contabilizado un siete por ciento menos que en 2014. En este ámbito, son recurrentes las quejas por la atención a la dependencia y la tardanza de la Administración autonómica en elaborar el Plan Individual de Atención (PIA), un proceso "complicado", ha dicho García Vicente.

En este área, el número de expedientes ha disminuido algo respecto al año anterior, en parte por la bajada del número de quejas por el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), ha comentado el Justicia, que ha resaltado que la institución es "un barómetro instantáneo" ya que las quejas aumentan cuando suben los impuestos sobre la vivienda o empeoran los servicios públicos y bajan cuando desciende la actividad económica o los ayuntamientos imponen menos multas.INSUFICIENCIA DE MEDIOS EN EDUCACIÓN

El área de educación recibe muchas quejas por la insuficiencia de medios materiales y humanos en los centros sostenidos con fondos públicos, como la falta de plazas para alumnado en el primer ciclo de Infantil.

También ha habido expedientes de los colegios que no pueden cobrar menos a las familias por el comedor escolar pese a que se han organizado para abaratar el coste del mismo y se han detectado casos de alumnos que no han tenido acceso al transporte escolar público por no haber elegido el centro que se les ha ofrecido. En Valdespartera (Zaragoza) hay pocas plazas escolares en Primaria.

El 70 por ciento de los expedientes relativos a hacienda tienen como denominador común los impuestos de bienes inmuebles, transmisiones y plusvalía y en sanidad ha disminuido el número de quejas. Muchas de ellas están relacionadas con las listas de espera en radiología, traumatología y oftalmología, ha dicho el Justicia, quien ha animado a reducir la espera para pruebas diagnósticas.

Aunque la mayoría de las quejas son individuales, también ha habido casos de expedientes colectivos, como el registrado por 2.110 personas para oponerse a la decisión inicial del Gobierno de Aragón de denegar la apertura del Colegio Internacional Ánfora o la presentada por 1.300 ciudadanos para exigir el desdoblamiento de la carretera N-232. Asimismo, el Justicia ha abierto 240 expedientes de oficio.GUARDERÍAS

García Vicente ha resaltado algunos asuntos, quejas y recomendaciones, como la creación de una red única de guarderías, la dispensación de medicamentos en los colegios, la retención de la ficha deportiva a jugadores escolares de fútbol, las multas a ciclistas o las frecuencias del tranvía de Zaragoza cuando hay espectáculos.

Entre las quejas, ha comentado una relativa a la multa de 500 euros impuesta a un ciclista por circular en contradirección por la calle Sanclemente de Zaragoza y otra por el retraso del cobro de la factura del agua, que ha obligado a los propietarios de pisos de alquiler a pagarlas y no sus inquilinos. También ha habido numerosos expedientes por servicios de telefonía y por los precios de las licencias para abrir puestos en el mercado municipal de San Vicente de Paúl.

El Justicia ha pedido que se disponga de los recursos necesarios para atender a los jóvenes con enfermedad mental, señalando que muchas patologías tienen "bastante buena solución" si se detectan pronto.SUGERENCIAS

El informe refleja que 2015 es el año que más sugerencias se han presentado y el cuarto año de toda la etapa autonómica del Justicia que más expedientes se han tramitado, casi igual que el tercer año de la institución.

En total, han sido aceptadas 191 recomendaciones y sugerencias, el 55 por ciento, siendo rechazadas 58, el 15 por ciento, y, además, hay 155 pendientes de respuesta --el 21 por ciento-- y 29 sin respuesta alguna, de un total de 433. Se han archivado por silencio de la Administración el ocho por ciento. El mayor número de sugerencias corresponde a bienestar social, 108, el 64 por ciento sobre el pago de prestaciones.

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales ha aceptado más sugerencias a partir del mes de junio, admitiendo el 66 por ciento, en Sanidad "nos han contestado bien y siempre", con un 84 por ciento de sugerencias aceptadas, y en urbanismo ha sido el 76 por ciento y educación el 63 por ciento. Servicios públicos, medio ambiente y urbanismo son las áreas que más sugerencias han rechazado, con un 25 por ciento, un 22 y un 17 por ciento, respectivamente.

García Vicente ha llamado la atención sobre las archivadas, una cuarta parte de servicios públicos, como es el caso de la Diputación de Teruel y el Ayuntamiento de Alcañiz, que no han respondido a una propuesta para que elaboraran un plan local de protección civil. Tampoco ha respondido el Gobierno de Aragón a una sugerencia para promocionar el Camino de Santiago.INFORMES ESPECIALES

El Justicia ha elaborado varios informes especiales, uno sobre las Urgencias en Aragón y el 22 de diciembre presentó otro sobre las personas en situación de exclusión social y pobreza extrema, y así como un tercero sobre menores, este último tras visitar 12 centros de protección. También ha estado en centros de personas mayores. Además, ha publicado cinco libros, ha impartido 15 conferencias y la institución ha celebrado el vigésimo quinto aniversario del Foro de Derecho Aragonés.

Las comarcas a las que se ha desplazado el Justicia son las de Cuencas Mineras, Jacetania, Sierra de Albarracín, Campo de Borja, Aranda, Andorra-Sierra de Arcos, Ribera Alta del Ebro, La Hoya de Huesca y la Comunidad de Teruel. El presupuesto de la institución ha sido de 2.020.391,14 euros, un 0,24 menos que el año anterior.