El juez del caso Plaza solicita 149 millones por responsabilidad civil a los 25 acusados

El magistrado instructor del denominado caso Plaza ha comunicado este viernes a las partes personadas en el proceso el auto de apertura de juicio oral. Así, a partir de este momento, se dará traslado del sumario a la Audiencia Provincial de Zaragoza, que será el tribunal encargado de la celebración del juicio.

Veinticinco acusados se sentarán en el banquillo para responder de diez delitos económicos, prevaricación, fraude y exacción ilegal, malversación, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, delito de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal solicita para Ricardo García Becerril, exgerente de Plaza, 23 años de prisión; para Carlos Esco, exviceconsejero de Obras Públicas, más de 7 años; más de 10 años para José María Jordán Rando, ejecutivo de Acciona, y Nicolaas Adrianus, director de la urbanización de Plaza, respectivamente; y por último más de 5 años de prisión para cada uno de los empresarios Manuel Miguel Colonques, presidente y consejero delegado de Porcelanosa, y para Agapito Iglesias, propietario de Codesport y expresidente del Real Zaragoza.

El Abogado del Estado solicita para Ricardo García Becerril, una pena de prisión de dos años por un delito contra la Hacienda Pública, así como la inhabilitación para el ejercicio de industria y comercio, una multa de 400.000 y la pérdida del derecho a poder obtener subvenciones o ayudas públicas, así como la del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 3 años.

Al no haberse formulado acusación alguna, ni por parte del Ministerio Fiscal ni por las acusaciones particulares, el magistrado ha decretado el sobreseimiento de las actuaciones frente a María Del Carmen Castillo Arévalo, por petición expresa del Ministerio Fiscal quien solicitó al instructor el sobreseimiento parcial provisional del caso respecto de esta investigada.

En cuanto a las medidas de situación personal, adoptadas durante la instrucción del caso y referidas a la limitación de la libertad personal y las obligaciones de presentación en el juzgado de los acusados, el magistrado ha decidido en su resolución que se mantengan tal y como están a día de hoy y para garantizar el pago de las responsabilidades civiles, solicita el instructor en su auto a los acusados el ingreso de un total de más de 149,1 millones de euros y para garantizar el pago ante la imposición de posibles multas de algo más de 11 millones de euros.