El Tribunal General de la Unión Europea desestimó este jueves las alegaciones de España para obtener la anulación de una decisión de la Comisión Europea que excluía de la financiación de la UE un importe de 2,7 millones de euros para las campañas de 2008, 2009 y 2010 en Aragón con cargo a los fondos agrícolas.

España solicitó en julio de 2014 la anulación de la decisión de la Comisión, que, tras una investigación llevada a cabo en octubre de 2010, puso de relieve la existencia de varias deficiencias en el sistema de control de la condicionalidad aplicado por España.

La condicionalidad supone que el conjunto de las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) se pagan exclusivamente a condición de observar una serie de estrictas normas en materia de medio ambiente, seguridad alimentaria, sanidad animal y vegetal, bienestar de los animales y, en general, de mantenimiento de las tierras en buenas condiciones de producción.

En caso de que se incumplan estas normas, se pueden suspender los pagos e imponer sanciones al agricultor.

La CE aplicó unas correcciones financieras por un importe total de 2,7 millones de euros.

Se trató de una corrección financiera a tanto alzado del 2 % para las campañas de solicitud de 2008, 2009 y 2010 y de una corrección financiera puntual para la campaña de solicitud de 2008 por la imposición sistemática de sanciones del 1 %.

España alegó que la corrección financiera a tanto alzado, así como su acumulación y la corrección financiera puntual violan el reglamento sobre la financiación de la política agrícola común y, el principio, de proporcionalidad.

Adujo asimismo que la Comisión violó el principio de cooperación leal y su derecho de defensa al ampliar la aplicación de la corrección financiera a un período posterior a la comunicación de las observaciones realizadas a España.

No en vano, en su sentencia dictada este jueves, el Tribunal General desestima el recurso de España.