Aragón cerró 2015 con 14.302 dependientes sin recibir la ayuda que les corresponde. Es decir, de los 32.130 aragoneses que tienen reconocida esta prestación, solo 17.828 la perciben. Se convierte así en la segunda Comunidad española con más lista de espera y la tercera con peor calificación en el desarrollo de esta ayuda (obtiene una nota de 2,1 sobre 10).

Así lo recoge el nuevo dictamen del Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza los datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y hace una comparativa entre todas las comunidades.

Aragón es, según estos mismos profesionales, la región que mayor retroceso ha registrado durante la pasada legislatura en esta materia. Actualmente, solo el 4,99% de la población aragonesa potencialmente dependiente recibe atención a través de esta ley, por debajo de la media estatal que se sitúa en el 7,15%.

El coordinador en Aragón de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, Gustavo García, aseguró ayer que la Comunidad tiene un "grave problema estructural" en la gestión de la dependencia. Recordó que existe una importante desigualdad entre las prestaciones económicas que se conceden frente a las destinadas a servicios (ayuda a domicilio, teleasistencia, plazas de residencias...). El 87,3% del total de las nuevas atenciones en 2015 fueron ayudas económicas. "Aunque destinen más dinero, si no modifican la gestión no servirá de nada", explicó.

Precisamente, según apuntó García, la falta de concesión de prestaciones vinculadas a un servicio hace que el sistema de dependencia en Aragón tenga una capacidad de generación de empleo "muy inferior" a la media estatal, con solo 26,7 trabajos por cada millón de euros invertido frente a los 35 de media nacional.

El dato positivo

Pese al varapalo recibido por la gestión de la dependencia, Aragón ofrece un dato que invita al optimismo, sobre todo, de cara al futuro. Tras varios años consecutivos de descenso en el número de personas atendidas, se ha registrado un incremento de 752 beneficiarios de enero a diciembre de 2015. En 2014, por ejemplo, se contabilizaron 1.313 menos. "El crecimiento se ha reflejado a partir de julio, cuando entró el nuevo Ejecutivo autonómico", puntualizó el delegado de la asociación. De hecho, García confió en que esta progresión positiva continúe después de que los últimos presupuestos recojan un incremento del 11% en la partida destinada a la dependencia.

Desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2007, la ley de la dependencia no ha cumplido las expectativas con las que se aprobó: atender a todas las personas mayores y con discapacidad. Una norma defendida por todos los partidos y entidades que se encontró pronto con uno de los principales escollos: la disponibilidad económica. La crisis frenó la concesión de esta ayuda, que se financia al 50% entre el Gobierno central y el autonómico, aunque esta proporcionalidad casi nunca se ha cumplido (ahora llega a una media de un 25%).

Ahora, el temor de algunos aragoneses es que esta prestación también quede paralizada tras el impulso y el interés que ha mostrado el Gobierno de Aragón por otras ayudas, como la renta social básica, que está previsto que cueste al año unos 90 millones de euros. Desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales se ha defendido la voluntad política para darle un impulso a la dependencia.

No obstante, el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Joaquín Santos, reconoció hace unas semanas la lista de espera que existe y admitió que se necesitará uno o dos años para acabar con esta. De momento, el año pasado se tuvo que pagar 18,5 millones de euros de atrasos a dependientes que se les concedió la ayuda en 2012, antes de que el Gobierno aprobara una moratoria de dos años para empezar a pagar retroactividad. Además, aseguró que la voluntad del IASS era pagar también a los herederos de los dependientes que fallezcan.