Récord de 67 autopsias en enero en el Instituto de Medicina Legal de Aragón

La tasa de mortalidad en enero de este año ha sido la más baja de los últimos años, con 707 fallecidos (frente a los 829 de 2015, los 816 de 2014 o los 760 de 2013), pero paradójicamente se ha producido un récord de autopsias, con un total de 67, realizadas por doce forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) en la sede de San Gregorio, frente a una media habitual de entre 40 y 50 mensuales.

Los forenses del IMLA suelen hacer al cabo del año alrededor de 600 autopsias en Zaragoza y 750 en Aragón, pero con la tendencia que ha marcado este enero la cifra podría dispararse hasta más de 800 solo en la capital aragonesa. En el pasado mes de enero se produjeron dos homicidios (un mendigo asesinado a golpes en la avenida de Cataluña y un joven de 23 años que murió de un disparo en Ricla) y en tiempo de Navidad la crisis suele generar más suicidios, aunque los forenses creen que el problema del incremento de las autopsias -que se llevan a cabo en caso de muertes violentas-, se deben al hecho de que los médicos han dejado de certificar fallecimientos naturales y se llama a los forenses para esa función.

Si una persona muere en su casa y la funeraria no consigue que un médico certifique el fallecimiento, el caso pasa a manos de la Justicia de manera casi automática, aunque no se trate de una muerte violenta. Por eso, el IMLA quiere abrir conversaciones con los médicos de atención primaria, los centros de salud, los integrantes del 061 y la Sociedad Aragonesa de Médicos de Urgencias, que está en todos los hospitales.

Los forenses de guardia asumen todos los fallecimientos de los fines de semana porque el médico del Registro Civil está de fiesta, pero a estos casos se suman también los de los días laborables. El director del IMLA, Salvador Baena, valoraba que en 2014 alrededor del 30% o 40% de las 750 autopsias que se hacieron en Aragón eran por muertes naturales. Entre ellas había fallecimientos súbitos y casos en los que las personas carecían del certificado de defunción.

Esa proporción ha crecido respecto a los que mueren en su casa porque carecen del certificado de defunción, según valora María Luisa Tomás, jefa del servicio. Los forenses quieren evitar el drama familiar que supone tener que esperar a que se realicen las autopsias, el exceso de trabajo y el gasto económico para la administración de Justicia.

“Estas muertes naturales no tienen trascendencia judicialmente, pero sí en la sanidad y en la sociedad”, señala Salvador Baena. «Nos llenamos la boca con la muerte digna y el primer paso es el certificado de defunción. Si esa familia tuviese un pariente o un vecino médico que lo firmara, sortearían ese paso. Los facultativos deben saber que, salvo en caso de duda, tienen la obligación legal de explorar el cadáver y extender el certificado. Este será revisado siempre por el médico del Registro Civil. Si se piensa bien, tienen más responsabilidad por no firmar un certificado que por firmarlo», explica Baena.

En 2012, el servicio de Patología Forense del IMLA hizo 514 autopsias, de ellas 208 fueron por muertes violentas y 306 por causas naturales. El 20% de estas últimas se podrían haber evitado si los servicios médicos de urgencia, tanto hospitalarios como ambulatorios, las hubiesen certificado como tales.