Hacienda detectó pagos millonarios en La Muela por los que no se tributaron

Los inspectores de la Agencia Tributaria que ayer declararon en el juicio por el caso de La Muela no hicieron sino corroborar lo que los policías del Grupo de Blanqueo de Capitales descubrieron cuando investigaron esta trama de corrupción: que la ocultación de las ganancias millonarias en los sucesivos pelotazos urbanísticos era el objetivo primordial de los principales imputados. Para ello utilizaban las típicas estratagemas de los delitos fiscales, es decir, el uso de empresas pantalla, así como de testaferros, facturas falsas, las escrituras por debajo del precio pagado realmente y un uso constante del dinero negro.

El inspector que estaba citado en primer lugar estuvo durante casi cinco horas desgranando uno por uno los fraudes fiscales que, en su opinión, cometieron los acusados María Vitoria Pinilla, su exmarido Juan Antonio Embarba, el intermediario inmobiliario Carmelo Aured y el empresario Julián de Miguel, por poner solo algunos ejemplos.

El funcionario mostró un conocimiento exhaustivo de las maniobras que emplearon los encausados y así trató de transmitírselas al tribunal de la Sección Primera de la Audiencia.

Una de las operaciones que relató fue el presunto fraude cometido en una compraventa de terrenos que hizo Tudela Inmobiliaria y Gestión (TIG), de Julián de Miguel, que luego fueron adquiridos por Brocover y en la que participó Carmelo Aured. En esta operación Brocover pagó 9,6 millones por unos suelos que un año antes los implicados habían comprado por 1,9 millones, sabiendo que se iban a recalificar. Además, antes de la operación, María Victoria Pinilla y su exmarido se deshicieron de unas participaciones que tenían en TIG para no figurar en la operación y aparentar no tener nada que ver en ella. La realidad fue que De Miguel les entregó 1.775.175 euros que, además, no declararon.

El inspector de Hacienda también expuso que en la investigación de las cuentas de Pinilla y su exmarido se detectaron pagos en efectivo por 1.283.297 euros de procedencia no justificada. No olvidó mencionar la compra de la villa de la República Dominicana –propiedad que atribuye a la exalcaldesa y su exmarido– y los gastos de 29.000 euros al año que pagaban por ella, sin saber de dónde salía ese dinero. Tampoco los 661.000 euros que desembolsaron en metálico a la empresa El Raso para la compra de ocho garajes y un local o los 2,8 millones de euros en regalos que le hizo De Miguel en agradecimiento a las facilidades para gestionar en el urbanismo de La Muela.

Aured y sus siete delitos fiscales, así como las millonarias comisiones sin declarar centraron buena parte de la vista.