Los interventores declaran que el incumplimiento de contratos en La Muela era generalizado

Los sucesivos interventores que tuvo el Ayuntamiento de La Muela entre 2004 y 2011 coparon ayer la sesión del juicio que se celebra contra la exalcaldesa María Victoria Pinilla y 39 acusados más por delitos relacionados con la corrupción urbanística. Los tres que declararon ante el tribunal coincidieron en que había contratos de obras o suministros que se troceaban para que no superaran los 12.000 euros y así se evitaba sacarlos a concurso.

"Había un incumplimiento generalizado de la ley de contratos públicos. Las facturas de las obras llegaban pero no se hacía un seguimiento técnico de los trabajos", manifestó Íñigo Linares, interventor de 2004 a 2007, a preguntas de la fiscal Victoria Esponera, que como viene siendo habitual asume el peso de los interrogatorios pues el resto de acusaciones, incluidas las del Ayuntamiento, apenas intervienen.

Tanto este técnico como Teresa Calvo, interventora desde marzo de 2008 hasta abril de 2009, explicaron que en su quehacer diario se encontraron con varios ejemplos de este tipo y otras irregularidades y ellos pusieron reparos porque no cumplían los requisitos que fijaba la ley. No obstante, recordaron que la forma de levantar objeciones era por decreto, bien de alcaldía o bien del pleno, y así se hacía habitualmente.

Íñigo Linares contó que así lo hizo con una factura de la empresa On Comunicación S. L., de la acusada Loreto Ornad, por importe de 139.181 euros porque no tenía número de registro ni estaba contabilizada al no aparecer el original. Esa cantidad correspondía al amueblamiento del centro médico, trabajo que su amiga María Victoria Pinilla le adjudicó tras presentar tres presupuestos, dos de ellos ficticios.

Teresa Calvo también puso reparo al pago de las facturas de la empresa de gestión de aguas NTA –del acusado Antonio Fando– al entender que la contratación era irregular a la vista del importe conjunto (unos 700.000 euros)y la continuidad en la contratación. Según su criterio, se debería haber sacado a concurso y no haber hecho, como se hizo, un contrato menor. No obstante, en diciembre de 2008 la exalcaldesa levantó por decreto el reparo y ordenó el pago dada la especial relación que tenía con Fando. Esos trabajos estaban incluidos en una subvención concedida por el Instituto Aragonés del Agua (IAA) que debían cobrar ese mismo mes.

Gastos en restaurantes

La fiscal puso de relieve que de los 706.772 euros pagados al consistorio por el IAA por el acondicionamiento y saneamiento de las redes de abastecimiento de agua de La Muela, el Ayuntamiento pagó 382.554 euros en concepto de obra a cargo de la mencionada subvención. El resto se dedicó a abonar otras cuestiones, como una serie de tiques que Pinilla pasó al consistorio como gastos sin justificar y que, a juicio de la fiscal, correspondían a comidas privadas y gastos personales. Entre ellos, citó varios ágapes en los restaurantes Botero, Pasta Nostra pizza, asador Aranda, Molino de Berola, sidrería La Kupela o la cafetería de El Corte Inglés.

Teresa Calvo manifestó que si hubiese sabido que no eran comidas de representación no habría autorizado el pago. "A mí me las pasaron a la firma cuando el expediente ya estaba tramitado y, por lo tanto, se suponía que estaba correcto", declaró.

Su antecesora, Marta Ruiz, interventora entre 2009 y 2011, señaló que esos tiques se presentaron al Consistorio sin justificar qué persona concreta había hecho el gasto y ella los firmó, junto a la exalcaldesa y el tesorero. Esta testigo y la anterior aludieron a lo que se llama unidad de caja para explicar que aunque el dinero procedía del pago de la subvención del agua, se puede afrontar otros gastos con él "siempre que estén bien y se justifiquen".

También declaró el arquitecto técnico municipal Enrique Barrao, quien, a petición del Ayuntamiento, inspeccionó las obras subvencionadas por el IAA y constató que algunas estaban hechas y otras no.