La misma reforma legal que pretende frenar el desafío soberanista es la que puede permitir a Cataluña bloquear la ejecución de la sentencia del juzgado oscense que le obligó en abril de 2015 a devolver 97 piezas al monasterio de Sijena. La Generalitat presentó el pasado día 11 un incidente de ejecución, porque a su juicio ese fallo judicial "contraviene" la polémica sentencia del Tribunal Constitucional, dictada en el año 2012, que concluyó que las obras debían permanecer en la comunidad vecina. El Gobierno catalán apoya su reclamación en la modificación legal introducida hace cuatro meses por el Ejecutivo de Rajoy, que permite a las partes personadas instar la ejecución de un fallo del Constitucional para garantizar su cumplimiento. Esa posibilidad se incluyó en la legislación precisamente para bloquear el proceso secesionista.

La controvertida reforma exprés de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional entró en vigor el pasado 17 de octubre, después de ser aprobada en los últimos compases de la anterior legislatura. Se tramitó por vía de urgencia a partir de una proposición de ley del PP.

El preámbulo que justifica la reforma no deja lugar a dudas sobre el objetivo que persigue: "Si bien la actual regulación del Tribunal Constitucional contiene los principios generales para garantizar la efectividad de sus resoluciones, la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar tal efectividad –en referencia a las pretensiones de los independentistas– obliga a desarrollar los instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad sea real".Otra maniobra a la desesperada

Los abogados del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Sijena, que interpusieron en su día la demanda que dio lugar a la sentencia ahora impugnada, confían en que la solicitud de la Generalitat ni siquiera sea admitida a trámite. Consideran que se trata de "una maniobra dilatoria más" dentro de la estrategia emprendida hace años por el Ejecutivo catalán para tratar de evitar la devolución de estas y otras muchas obras sacras reclamadas por Aragón y que permanecen secuestradas en el Museo de Lérida y el MNAC (Museo Nacional de Arte de Cataluña), en Barcelona. Es, afirman los letrados, otra acción "a la desesperada", como respuesta a otro intento fallido ante el Tribunal Supremo, aunque al menos consiguieron ganar tiempo al paralizar el proceso de ejecución iniciado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca.

El incidente planteado ante el Constitucional no conlleva el bloqueo de esa ejecución, pero el Gobierno de Carles Puigdemont sí ha pedido como medida cautelar que la nulidad de las resoluciones se aplique "de forma inmediata". Esta solo se llegará a estudiar si primero el tribunal admite a trámite el asunto. Y de momento, según informaron el viernes fuentes del Departamento de Cultura de la Generalitat, no han recibido ninguna notificación.

Mientras esta llega, el nuevo presidente catalán, al igual que su antecesor, Artur Mas, ya ha dado sobradas muestras de sus intenciones de ignorar cualquier pronunciamiento del Constitucional que le impida avanzar en el proceso de independencia. El último ejemplo lo dio el pasado miércoles, tras la suspensión cautelar de la Consejería de Exteriores. "Gracias, Constitucional, contigo empezó todo", se mofó del mismo tribunal al que acaba de pedir amparo para prolongar el secuestro del tesoro de Sijena.