Los testigos protegidos ratifican que a los plenos se llevaban las operaciones "ya hechas"

La sesión del juicio de La Muela celebrada ayer estuvo protagonizada por las dos personas que durante años figuraron en la causa como testigos protegidos números 1 y 2. Las denuncias presentadas por ambos, una ante la Policía en diciembre de 2007 y otra ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2008, desencadenaron una de las operaciones contra la corrupción urbanística más importantes de Aragón: la Operación Molinos.

La identidad del número 1 estuvo preservada hasta diciembre de 2012. Esa fecha el juez instructor, a petición de la Fiscalía, decidió retirarle la condición de protegido, pero este se adelantó y lo hizo público él mismo pues llegó a la conclusión de que ya no tenía nada que esconder. Era la entonces alcaldesa del PP Marisol Aured, y ahora concejal. "Denuncié porque quería lo mejor para mi pueblo, nunca he buscado otra cosa y no me arrepiento de nada: volvería a hacer lo mismo", dijo en ese momento y repitió ayer.

El testigo número 2 era Fernando Embarba Laborda, cuñado de la exalcaldesa María Victoria Pinilla y en el momento de denunciar los hechos concejal en el Ayuntamiento de La Muela.

Ambos coincidieron en muchos puntos de sus declaraciones y, en especial, en el detonante de la denuncia: la venta de forma privada a la empresa Ebrogan (del empresario fallecido Arturo Beltrán) –y de Ebrogán a Aranade– de unas parcelas propiedad del Ayuntamiento que deberían haberse sacado a subasta pública y dedicado a vivienda de protección oficial y, en cambio, supuso un pelotazo urbanístico en toda regla. Según la Fiscalía, se pagaron 4,2 millones, de los cuales 1,3 se los llevó Carmelo Aured, en vez de revertir al Consistorio.

En esa época, Fernando Embarba formaba parte del consejo de administración de la Sociedad Urbanística Municipal de La Muela (SUMM) que, según declaró, se reunía "una o dos" veces al año. Relató que las actas se redactaban tiempo después y las firmaban todos "sin saber" si recogían o no lo que se había tratado.

En esta línea, Marisol Aured, dijo que al consejo de administración no se le daba ninguna explicación y ni siquiera aprobaba, como es preceptivo, las ventas o compras de suelo, sino que las operaciones se hacían y luego se llevaban al consejo "como para ratificarlas". Los dos señalaron que fue Pinilla la que "impuso" directamente a la empresa Aranade, de Julián de Miguel, para que gestionara la sociedad municipal.

Marisol Aured explicó que el modo de funcionar en el Ayuntamiento era muy similar a la SUMM: las comisiones apenas se reunían y las decisiones "ya tomadas" y actuaciones y operaciones "ya hechas" se llevaban después al Pleno. La testigo confirmó otra de las acusaciones de la Fiscalía: que los viajes de vacaciones subvencionados por el Consistorio los organizaba casi siempre la agencia Sauco –"los sobres con el resto de propuestas no se abrían"–, y que unos vecinos pagaban y otros iban gratis.

Aured, que fue concejal entre 1991-99 en las listas de Pinilla y desde 2003 hasta la actualidad por el PP, manifestó que no sabe si en el periodo que gobernó Pinilla había deudas: "Sí se que desde que se fue hemos tenido 71 juicios por demandas", dijo y en una de ellas está imputada. En los pasillos, recordó que gestión de la exalcaldesa dejó una deuda de 33 millones.