"Faltan aún varios millones para cubrir los servicios mínimos. Con el presupuesto actual, habrá comarcas que no llegarán". Es la advertencia que lanzó ayer José Ángel Calvo, presidente del Aranda y portavoz de sus homólogos socialistas, al Gobierno PSOE-CHA. Pendientes de recibir más de 9 millones del ejercicio de 2015, las 32 entidades aragonesas afrontan este nuevo ejercicio sin saber aún con cuánto dinero contará cada una y, lo que es peor, si esa asignación será suficiente para cubrir los servicios que prestan en el medio rural.

Entre sus competencias figuran la acción social (servicios sociales de base, ayuda a domicilio, residencias, transporte adaptado, ayudas de urgente necesidad, etc.), protección civil, recogida de residuos urbanos, turismo, deporte, cultura y juventud. No obstante, las necesidades de los distintos territorios o la ausencia de servicios coordinados a nivel provincial o autonómico han hecho que en determinados casos hayan ido asumiendo otras funciones como escuelas infantiles, educación de adultos, talleres ocupacionales o bomberos. Ahora, los responsables comarcales temen no poder seguir prestándolos en las condiciones actuales si el Ejecutivo de Javier Lambán no incrementa la dotación para 2016.

Y eso, pese a que el malestar de los presidentes comarcales, incluidos los socialistas, ya obligaron al PSOE a aumentar en 11,5 millones las partidas previstas inicialmente en los presupuestos, de apenas 40 millones. Con ello, se recuperará aproximadamente la mitad del tijeretazo, pero las comarcas consideran que mantener las prestaciones es inviable si no se inyectan más fondos. "59 millones es el mínimo", estima Calvo, lo que les devolvería a un escenario similar al del año pasado.

"Todos pensamos que tenemos que apretarnos el cinturón y hacer un pequeño ajuste, pero si el presupuesto de la DGA baja un 2,4%, es lógico que todas las administraciones lo reduzcan en ese entorno, pero no un 20%, no tiene mucho sentido", critica. No obstante, confía en que el "crédito abierto" que recogía la enmienda que tuvo que presentar el PSOE para evitar una rebelión permita hallar "vías" para aumentar la merma sufrida. Esta es también la esperanza del popular Alberto Val, miembro, al igual que Calvo y el aragonesista Baltasar Yus, de la comisión permanente del consejo de cooperación comarcal, que el pasado martes se reunió por primera vez.Convenios y ayudas en el aire

Allí, los directores generales de Presupuestos y de Administración Local, Blanca Solans y Sergio Pérez, respectivamente, se comprometieron a "intentar" ampliar la dotación para garantizar los servicios sociales y la recogida de basuras. "Con los 40 millones del principio no llegaba ni para pagar los sueldos. Nos dicen que decidamos qué servicios dejamos y no es justo", protestó Val, que no sabe si podrá mantener este año los convenios con Cáritas y Cruz Roja, para los que aportaban 6.000 euros a cada una, o pequeñas subvenciones a colectivos. "El tema es bastante preocupante", avisó.

"El Gobierno de Aragón desconoce la realidad", lamentó Alfonso Salillas (PAR), vicepresidente de Los Monegros, donde gobierna el PP. Explicó que solo para cubrir el servicio de basuras ponen 300.000 euros "porque si no, los vecinos pasarían de pagar 64 euros al año a 100". Esta comarca también sigue pagando las nóminas de las escuelas infantiles, que este año asumirá Educación. "Pero aún no sabemos nada del convenio", señaló Salillas, que auguró "problemas gordos" para las comarcas si no llega más dinero del hasta ahora comprometido

También en Teruel alzaron ayer la voz contra los recortes. "Es la administración que más trabaja por el medio rural y contra la despoblación y ha sido la primera en perder recursos para atender sus competencias", reprochó el secretario general de los populares turolenses, que denunció la situación en una comparecencia conjunta con los presidentes de Gúdar-Javalambre y Sierra de Albarracín, Yolanda Sevilla y Pascual Giménez, respectivamente. Sevilla asumió que si se aplica el duro ajuste, "habrá que quitar actividades", mientras que Pascual lo calificó de "barbaridad" y lo achacó a "la despreocupación total por el mundo rural y por la despoblación que padece". Para algunos presidentes comarcales, una de las claves está en la necesidad de reordenar las competencias propias de cada administración en vez de "ir poniendo parches".

También la portavoz adjunta del PAR en las Cortes, María Herrero, expresó su "gran preocupación" y reclamó soluciones "sólidas y eficaces" para que todos los aragoneses puedan acceder en igualdad a servicios de calidad, "vivan donde vivan" y para mantener la población.