Más de 25.000 personas que en Aragón trabajan habitualmente en contacto con menores (profesores, médicos, monitoras de comedor, oficiales de mantenimiento de los colegios, entrenadores, técnicos de extraescolares, monitores de tiempo libre, bibliotecarios, etc.) deben presentar un certificado que acredite que carecen de antecedentes por delitos sexuales. El Registro de delincuentes sexuales, impulsado por el Ministerio de Justicia, comienza a funcionar el próximo 1 de marzo.

Madrid delega en las comunidades autónomas para que gestionen el procedimiento. El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón facilita los trámites a los profesores y otros trabajadores de los centros educativos sostenidos con fondos públicos. El Departamento ha previsto un procedimiento mediante el cual, de manera voluntaria y gratuita, los interesados podrán autorizar a que la administración solicite por ellos el certificado. Para ello los docentes y resto de trabajadores del ámbito educativo deben presentar una autorización al director de su centro antes del 19 de febrero. Los que no quieran autorizar al Departamento, deberán solicitar su certificado directamente ante la Administración de Justicia entre el 2 y el 23 de marzo.

Sólo en el ámbito educativo, más de 25.000 trabajadores aragoneses están afectados por esta nueva norma cuyo objetivo es proteger a la infancia. En Aragón trabajan unos 24.000 profesores (19.000 en centros públicos y concertados, y 5.000 en privados), según el Informe del Sistema Educativo en Aragón. A estos, hay que sumar monitores de comedor (más de 1.000), auxiliares de infantil (cerca de 100), oficiales de mantenimiento y conserjes de los colegios (solo en Zaragoza unos 150) y trabajadores de escuelas infantiles y academias, entre otros.

La normativa afecta también a trabajadores del ámbito sanitario: unos 500 pediatras en Aragón, además de enfermeros, auxiliares y otros empleados. El Salud está trabajando en un protocolo que aclare quién tiene que presentar el certificado y de qué modo. Otros trabajadores afectados son bibliotecarios, monitores de campamentos y actividades de ocio o conductores. Falta definir cómo se va a gestionar la presentación de los certificados en estos casos.

Un registro obligatorio y secreto

La creación del registro de delincuentes sexuales se aprobó el año pasado para garantizar la protección de la infancia. La nueva ley inhabilita para trabajar en contacto con menores a todos los condenados en firme por delitos sexuales: agresión o abuso sexual, acoso, prostitución, maltrato, exhibicionismo y corrupción de menores. Las personas que figuren en este registro no podrán trabajar con menores. Y aquellos que no presenten el certificado exigido serán sancionados y podrían ser despedidos.

Según las estadísticas oficiales, más de 400 aragoneses están condenados por algún delito sexual, por lo que figurarán en el registro y no podrán trabajar con menores. El registro no es público y solo podrán consultarlo jueces y tribunales, Fiscalía, policía española o de otros países y entidades públicas de protección de menores.