Los agricultores y ganaderos afectados por la crecida del Ebro de 2015 aún tienen pendiente de cobrar del Gobierno de Aragón 6 millones de euros del coste de las obras que han tenido que ejecutar en sus explotaciones y confían en que el les pague antes de tener que acudir a los tribunales.

El presidente de la Asociación de Afectados por las Riadas de la Cuenca del Ebro (Asafre), Alfonso Barreras, ha comparecido hoy en rueda de prensa para advertir de la preocupante situación que viven entre 250 y 300 agricultores y ganaderos afectados por la riada que aún no han percibido indemnizaciones cuando los hay que no ha cobrado las ayudas de la PAC de 2015 y entre el 10 y el 12 % están amenazados de embargos por la Seguridad Social y Hacienda.

Los agricultores se sienten muy dolidos e incomprendidos ante esta situación, ha afirmado Barreras, quien ha precisado que tras las riadas el gobierno central y el aragonés aprobaron sendos decretos de ayudas y quedan por liquidar alrededor de 2 y 6 millones, respectivamente, además de beneficios fiscales de los que no saben nada a día de hoy.

Ha criticado que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, no los reciban porque tienen las agendas "muy apretadas".

Tras subrayar que los afectados están haciendo frente a sus deudas y que no piden "limosna", ha indicado que tienen seis meses de plazo para iniciar un proceso civil desde que reciben la resolución de la indemnización -las primeras las recibieron a partir de agosto del año pasado- y aunque Asafre ya ha derivado a sus servicios jurídicos el asunto, esperan cobrar antes de tener que acudir a los tribunales.

Barreras ha lamentado que los agricultores y ganaderos de la ribera del Ebro no sean tenidos en cuenta cuando producen alimentos por valor de 50 millones de euros, y exportan el 70 por ciento, y generan 2.600 empleos directos.

Por su parte, el vicepresidente de Asafre, Ángel García, ha repasado las demandas de la asociación desde que nació hace un año, entre ellas la limpieza del cauce del río y el cobro de las ayudas por las riadas de años anteriores, y ha lanzando varios "ruegos" que espera que sean atendidos, entre ellos a Lambán, para que tenga a bien recibirlos para tratar de forma urgente acerca de las exenciones fiscales.

También a Olona para que pague, dado que ya hay un presupuesto para la comunidad, las infraestructuras que ya están ejecutadas y certificadas, y a la CHE, que actúe con más transparencia en las adjudicaciones, que trabaje más en la cuenca y que dé soluciones.

Barreras ha alertado de que apenas se ha actuado prácticamente en el cauce y de que los agricultores no podrían soportar una nueva crecida, ni del 30 por ciento de la que supuso la de 2015, y de producirse sería para los agricultores y los ganaderos "una ruina total".

No obstante, ha insistido en que es preferible dar un margen para el pago de las indemnizaciones antes que tener que acudir a los tribunales (ya tienen 30 contenciosos-administrativos como consecuencia de la riada de 2013), pero ha advertido de que acudirán a Estrasburgo si es preciso.