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Aragón estudia recurrir el decreto que impide a las enfermeras prescribir fármacos

Sanidad enviará un comunicado a los centros de salud para que las profesionales sigan recetando medicamentos.

La polémica sobre el real decreto que impide a las enfermeras prescribir medicamentos se recrudece. Los servicios jurídicos de la DGA estudian la posibilidad de interponer un recurso contra esta normativa, que fue aprobada por el Gobierno central el pasado 23 de diciembre. De esta manera, Aragón podría pedir la suspensión cautelar de la misma, como ya han solicitado otras comunidades y entidades.

La decisión de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón dependerá en gran parte de la información que el Departamento de Sanidad le envíe en los próximos días y que, según pudo saber este periódico, está terminando de recabar y elaborar en estos momentos. El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, se ha manifestado en numerosas ocasiones contrario a este decreto, que limita el trabajo de los profesionales, y pidió hace unas semanas la convocatoria del Consejo Interterritorial, al que asisten representantes de todas las comunidades.

De momento, el Servicio Aragonés de Salud tiene previsto enviar en los próximos días a los centros de salud una comunicación para respaldar jurídicamente la labor de la enfermería. En esta instrucción, les animaría a seguir trabajando sin restricciones y con total normalidad al no haberse desarrollado las disposiciones adicionales necesarias para la aplicación del real decreto.

La secretaria autonómica de Satse, Pilar Navas, ya le solicitó hace unos días a Celaya que elaborara un documento oficial para que los profesionales tuvieran cierta seguridad jurídica a la hora de trabajar. "Actualmente estamos indefensos. Si ocurre algo y las enfermeras están haciendo una labor que supuestamente no les corresponde según este real decreto, ¿nos cubrirá el seguro del Gobierno de Aragón?", lamentó Navas. "Lo que reivindicamos ante todo es la seguridad jurídica", puntualizó la secretaria autonómica de Satse. Navas, asimismo, ha solicitado por carta al presidente de Aragón, Javier Lambán, que elabore una proposición no de ley para pedir oficialmente la modificación de esta normativa.

Pero, ¿qué ha limitaciones ha introducido el real decreto? Hasta ahora los enfermeros desarrollaban con cierta autonomía la prescripción médica. "Actuación buscada, aceptada y aplaudida dada la agilidad, seguridad y confianza que ha conferido al funcionamiento de la asistencia sanitaria en nuestro país", destacan desde Satse.

Una práctica habitual con la que ha acabado el real decreto, según denuncia Satse: "Los profesionales de enfermería ya no pueden usar ni indicar un fármaco sujeto a prescripción médica si el facultativo no ha hecho previamente un diagnóstico y ha realizado la correspondiente dispensación para cada paciente". "Además, debe indicar el protocolo a seguir. Es decir, en estas circunstancias, el enfermero debe llamar al médico y esperar a que este refleje todo ello en la historia clínica", se quejan desde el sindicato.Aumento de lista de espera

Una de las cuestiones que critican es que la aplicación de este decreto afectará "muy negativamente a la práctica diaria y perjudicará la calidad asistencial que reciben los usuarios y pacientes". Los enfermeros consideran, de hecho, que al restringir su labor aumentarán las listas de espera y los costes en los centros de salud, ya que todas las consultas deberán pasar por los facultativos.

Unas afecciones que también ha denunciado la propia consejería, que aseguró hace unas semanas que, según el análisis realizado, esta nueva norma hará los procesos más lentos, ya que "impedirá a los enfermeros hacer de manera autónoma cientos de actuaciones que hasta ahora se llevaban a cabo con normalidad".

Si finalmente los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón deciden presentar un recurso contra este decreto se unirá a otros que ya se han presentado por este mismo motivo. El propio sindicato Satse a nivel nacional ha interpuesto uno ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo para intentar frenarlo.

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