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Hacienda avisa a Aragón de que puede retener sus ingresos por impagos a los proveedores

La Comunidad cerró noviembre pagando sus facturas a 100 días, 39 más que las otras autonomías. El Ministerio le dio una inyección de 180 millones, que confía que dé la vuelta a la situación.

El consejero Gimeno y el ministro Montoro, en el Consejo de Política Fiscal que se celebró en julio.
El consejero Gimeno y el ministro Montoro, en el Consejo de Política Fiscal que se celebró en julio.
E. Cidoncha

Le dieron varias prórrogas para que se pusiese al día con sus proveedores, pero la DGA no ha sido capaz de cumplir y ley ya apenas da más de sí. El Ministerio de Hacienda informó ayer que acaba de "habilitar la posibilidad de iniciar el procedimiento de retención de los importes" que transfiere mensualmente el Estado a la DGA.

Según indicó el Gobierno central en un documento oficial, en el caso de que ponga en marcha el procedimiento y retenga parte del IRPF a Aragón, utilizará ese dinero exclusivamente "para pagar directamente a los proveedores". Es decir, aunque la DGA ya no dispondrá de esos fondos en los Presupuestos autonómicos, todo lo que deje de ingresar estará destinado íntegramente a pagos que en algún momento Aragón tenía que afrontar. De esta manera, en ningún caso Aragón perdería dinero, aunque Madrid condicionaría parte de su presupuesto aprobado.

El Ministerio ha habilitado ya el procedimiento, pero confía en no tener que usarlo de forma inmediata. Así, explicaron que están vigilantes con los datos de los dos próximos meses, en los que confían en que la inyección que dieron a la DGA de 180 millones en diciembre le permita la senda del cumplimiento. En estas últimas semanas (aún sin contabilizar), han detectado que los proveedores cobran mejor. La chispa que ha hecho saltar esta decisión del Ministerio de Hacienda ha sido el último dato de morosidad que se ha conocido de la DGA. Según informaron ayer, Aragón cerró el mes de noviembre pagando las facturas de sus proveedores en 99,9 días, frente a los 62 días de media de las comunidades autónomas. Es la tercera autonomía que peor paga sus facturas, solo por detrás de Extremadura y de Murcia. Baleares y Cataluña también incumplieron ese mes de noviembre la ley de estabilidad, que marca que las facturas deben pagarse en un máximo de 60 días.También a Extremadura

La advertencia de retención de los ingresos estatales no ha llegado a las cinco autonomías incumplidoras con sus proveedores, sino solo a dos: Aragón y Extremadura. El motivo es puramente legal. Aragón y Extremadura llevan pagando fuera de plazo de forma ininterrumpida desde septiembre de 2014, mientras que Baleares, Cataluña y Murcia llevan incumpliendo bastante menos tiempo. Así, pese a lo que puede parecer, la Generalitat solo lleva tres meses pagando fuera de plazo, frente a los 15 de la DGA.

De acuerdo con los meses que llevas de incumplimiento, la ley prevé un nivel de intervención diferente, cada vez mayor. Por ejemplo, Aragón empezó con una intervención muy moderada, simplemente tenía que cambiar su plan de tesorería y especificarle a Hacienda cuánto dinero iba a dedicar a pagar a los proveedores. Después llegaron ya las prohibiciones (limitación a asumir nuevas deudas, exigencia de explicaciones en modificaciones presupuestarias, etc.). Ahora se habilita ya el siguiente paso, que es la retención de ingresos.Un gobierno en funciones

Por las cartas previas del Ministerio a la DGA y la propia ley de estabilidad financiera, la retención de ingresos a la DGA debería iniciarse con todas sus consecuencias este mes enero.Sin embargo, el tiempo político y técnico pueden permitir todavía un respiro a la DGA. Esta flexibilidad puede extenderse hasta dos meses más, con el motivo de que el pago a los proveedores debería mejorar cuando se conozca el dato de diciembre y enero, ya con los 180 millones adelantados por Hacienda destinados a facturas impagadas.

Además está la situación política. El Gobierno central está en funciones y, aunque sigue estando entre sus competencias aumentar otro grado la intervención en Aragón, no parece el momento político más adecuado. Especialmente cuando tanto PSOE como Podemos llevan en su programa la derogación de la ley de estabilidad. De esta manera, es determinante quién será el próximo presidente del Gobierno y en qué partidos se apoya.

Una vez iniciada esta nueva fase de intervención, el Ministerio de Hacienda tiene el deber de contactar con el Gobierno de Aragón para "cuantificar y determinar la parte de la deuda comercial que se va a pagar con cargo" a la financiación estatal que le corresponde.

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