Representantes del Tribunal de Cuentas y de los órganos equivalentes de control externo en las autonomías se han reunido para ahondar en su coordinación y para unir fuerzas contra el exceso del uso de la figura de las encomiendas de gestión, que creen que se usa a menudo "de forma torticera".

A la reunión, celebrada en Zaragoza, han acudido el consejero del Departamento de Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas del Tribunal, Ángel Algarra, y el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Antonio Laguarta, quien ha ejercido de anfitrión.

A ellos se han sumado representantes de la Sindicatura de Comptes de Cataluña, de la Sindicatura de Comptes de Valenciadel Consello de Contas de Galicia, del Tribunal Vasco de Cuentas Publicas, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, de la Sindicatura de Comptes Illes Balears, del Consejo de Cuentas de Castilla y León y de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

Como ha explicado Algarra en declaraciones a los medios, es "habitual" que haya trabajos que se realicen conjuntamente entre la entidad fiscalizadora central y las autonómicas y así lo llevan haciendo "desde hace muchos años".

El objetivo concreto de la reunión  es el desarrollo del trabajo que están realizando con respecto de las encomiendas de gestión, una figura contractual mediante la que las Administraciones encargan una prestación a entidades fuera del sector público, normalmente por falta de medios, sobre la que ya han venido elaborando una serie de informes individuales.

Cuando todas las comunidades autónomas hayan culminado la fiscalización de este ámbito, el Tribunal de Cuentas elaborará un informe global que será posteriormente remitido al Parlamento.

El consejero de cuentas ha insistido en que se ha "abusado" de esta figura, que se ha usado "indebidamente" en muchas ocasiones en que las prestaciones "probablemente debieron ser realizadas por el propio sector público", lo que pone de manifiesto ineficiencias e irregularidades.

Por ello, ha apuntado que el Gobierno ya introdujo un proyecto de reforma, ya aprobado en las Cortes Generales, que va en la misma línea que manifiestan los distintos informes.

Lo que pretenden, ha subrayado, es que las figuras contractuales se utilicen "solo para lo que la ley establece" y no para cualquier actividad".

Según Algarra, esta práctica es común a todas las Administraciones Públicas y, en el caso concreto de las comunidades autónomas, los informes son "tremendamente coincidentes", como los que ya han presentado Asturias, Aragón y Madrid, así como el Tribunal de Cuentas central.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Antonio Laguarta, ha señalado que en este encuentro también van a revisar la colaboración que mantuvieron el año pasado, así como a planificar la de este 2016.

Esta colaboración se centrará sobre todo en evitar los solapamientos y en aplicar criterios homogéneos en toda España, ha explicado.

Entre los principales problemas que afectan a estas instituciones ha destacado que el sector público autonómico es "muy grande" y comprende un buen número de organismos autónomos, más todos los entes del sector local, a lo que hay que hacer frente con una importante falta de medios, solo 20 auditores en el caso de Aragón.

Ha negado, asimismo, que los informes salgan tarde y ha recordado que las cuentas se fiscalizan al año siguiente al que llegan.

En el caso de la Comunidad Autónoma, que tiene de plazo hasta el 30 de junio para enviarlas, espera que puedan sacar el informe de fiscalización "en dos o tres meses", menos de un año después.

En cuanto a los entes locales, que tienen de plazo hasta el 15 de octubre para presentar sus cuentas, ha indicado que ya tienen "muy avanzada" la fiscalización de la Diputación Provincial de Huesca y están empezando con el Ayuntamiento de Teruel.

"Retrasos no hay", ha insistido, teniendo en cuenta lo "minucioso" de la labor de auditoría.

Del mismo modo, Antonio Laguarta ha comunicado que en la Cámara de Cuentas están a la espera de que las Cortes les manden las prioridades de actuación para que puedan planificar su programa de trabajo para el año 2016, que cree que se producirá "de inmediato".