El caso Plaza enfila definitivamente su recta final. La Fiscalía Anticorrupción era la única que faltaba en presentar su escrito de acusación, pero cumplió ayer con el trámite y ello permitirá al titular del Juzgado de Instrucción número 1, José Ignacio Martínez, dictar el auto de apertura de juicio oral en unos días. En cualquier caso, la macrovista tardará todavía unos cuantos meses en celebrarse, ya que las diligencias de la mayor trama corrupta destapada hasta la fecha en Aragón –si no por número de acusados, sí por la cantidad de dinero presuntamente malversado: en torno a 157 millones de euros– todavía han de pasar por la Audiencia Provincial de Zaragoza. Y tanto las acusaciones como las defensas tendrán entonces la oportunidad de pedir la práctica de nuevas pruebas ante el tribunal.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción no presenta grandes sorpresas, puesto que, como ya hicieron Plaza y la propia DGA, sitúa al exgerente del complejo logístico Ricardo García Becerril a la cabeza de la lista de 25 encausados (de esta queda fuera finalmente Carmen Blasa Castillo, socia y contable de la mercantil Hernández Langa, empresa que reformó las propiedades de la familia Becerril). Sin embargo, los fiscales José Grinda y Juan José Rosa, que son los que han llevado la causa, van más allá e identifican a la dupla Ricardo García Becerril-José María Jordán (este último, gerente de la UTE Acciona-MLN, a la que se adjudicó la urbanización de la plataforma) como los ideólogos de "plan inicial" para sacar tajada del faraónico proyecto de Plaza.

Destaca también la elevada pena que la Fiscalía Anticorrupción propone para el que fuera director técnico de la sociedad pública, Miguel Ángel Pérez Cervantes. Porque mientras los propios abogados de Plaza le reclaman 5 años de cárcel, la acusación pública considera mayor su grado de responsabilidad en la supuesta trama y solicita para él hasta 14 años de privación de libertad.Para el ministerio público, la cuarta pata de esta mesa fue Nicolás Groeneveld, contratado por la empresa Intecsa-Inarsa para llevar la dirección facultativa de las obras. "Existió un concierto de voluntades entre los acusados García Becerril, Pérez Cervantes, Jordán y Groeneveld", aseguran Grinda y Rosa.Sospecha de la adjudicación

Las profusas pesquisas llevadas a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, así como la prolija documentación recopilada desde que se presentó la denuncia inicial en julio de 2013, los numerosos interrogatorios practicados y los no pocos peritajes encargados han permitido a la Fiscalía concluir que los amaños y corruptelas afloraron en Plaza desde el primer momento. De hecho, mantiene que la adjudicación a la UTE Acciona/MLN de las millonarias obras de urbanización de la Plataforma Logística también fue "fraudulenta". Para deducirlo, los investigadores se basaron, sobre todo, en los ‘emails’ y documentos hallados en los ordenadores de varios acusados.

Superado el trascendental trámite de la adjudicación, continuaron los presuntos desmanes. O así lo considera al menos la Fiscalía Anticorrupción, que asegura que el objetivo de los ideólogos del entramado era "obtener beneficios a partir de simular tanto las prestaciones de servicios de supuestos subcontratistas como obras, en general, hechas en las certificaciones". De esta forma, dice, se produjo un "enriquecimiento ilícito de la UTE mediante el ficticio aumento de las obras y trabajos a realizar, la elevación simulada de los precios pactados inicialmente y la certificación de obras no ejecutadas".

En la larga lista de acusados se incluyen los nombres del exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco (PSOE), para el que se pide una pena de 7 años y 6 meses de cárcel y 21 de inhabilitación por un delito continuado de malversación, tráfico de influencias y cohecho.También aparece el dueño de Codesport, Agapito Iglesias, quien se enfrenta a una petición de 5 años y 10 meses de prisión.Las empresas, responsables

El ministerio público va a exigir responsabilidades penales a 25 personas, pero también considera responsables pecuniarias de las irregularidades cometidas en Plaza a las constructoras Acciona y MLN. De hecho, exigirá que se les declare responsables civiles subsidiarias por una cantidad de 147 millones, partida que supuestamente se malversó en lo que son estrictamente los trabajos de urbanización.

"De la ejecución de ese plan (el de Becerril y Jordán, dice) derivó un beneficio y lucro personal tanto de los acusados como de las respectivas sociedades en perjuicio de la sociedad pública Plaza S. A. y, por tanto, del erario público", señala la Fiscalía. Además de a las mencionadas constructoras, exigirá responsabilidad económica a otras 14 empresas.