Ofensiva catalana contra el plan del Ebro pese a tumbar el Supremo su recurso al anterior

Instituciones y colectivos han emprendido en Cataluña una cruzada contra el nuevo plan hidrológico del Ebro, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 8. La Comunidad vecina presentó alegaciones al documento para pedir que se duplicara e incluso se triplicara el caudal ecológico previsto, unas pretensiones que fueron rechazadas. El plan es una revisión del anterior, que ha estado vigente menos de dos años y que fue recurrido por la Generalitat ante el Tribunal Supremo, que ha tumbado todos sus argumentos.

En una sentencia de noviembre, el alto tribunal desestimó la reclamación del Gobierno catalán de anular la totalidad del real decreto por el que se aprobó el texto impugnado o, subsidiariamente, algunos de sus preceptos. Entre otros asuntos, denunciaban la supuesta vulneración de la directiva europea de evaluación de los efectos de determinados plantes y programas en el medio ambiente, así como una infracción de las normas relativas a la conservación de los hábitats naturales, e incluso una invasión de las competencias de la Comunidad recurrente por parte del Estado. También se cuestionaba la legalidad en la determinación de caudales ecológicos.

Ante ello, el Supremo concluye que el informe de sostenibilidad ambiental contenido en el plan "se ajusta a las exigencias legales" y rechaza que vulnere las directivas comunitarias de hábitats y aves. El fallo recuerda además que las aguas del Ebro discurren por varias comunidades autónomas y en estos casos la Constitución atribuye al Estado la potestad de legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos. Tampoco aprecia el tribunal ninguna invasión de competencias de la Generalitat en materia de pesca.

Y por lo que respecta a la fijación de los caudales ecológicos, considera que la Administración recurrente no ha acreditado su falta de idoneidad y se refiere a un informe de la Agencia Catalana del Agua en el cual, según el Supremo, tampoco se evidencian las carencias que denuncia la Generalitat.

Por estos y otros motivos, el alto tribunal desestima el contencioso planteado y añade que, "al no haber lugar" al mismo, procede imponer al Ejecutivo catalán las costas del proceso.

Pero este reciente varapalo judicial no parece haber desanimado a los opositores al plan del Ebro en la Comunidad vecina, que nada más aprobarse el nuevo documento han iniciado una ofensiva en distintos ámbitos.

Por una parte, los eurodiputados de ERC, CDC, UDC, ICV y PSC han denunciado en Bruselas el texto. "El plan no cumple las directivas y se debe retirar", argumentó la pasada semana Ernest Urtasun (ICV). Además, advirtieron de que la Comisión Europea podría incluso multar al Gobierno por no respetar la Directiva Marco del Agua. Además, Francesc Gambús, de Unió, ha registrado una batería de preguntas para conocer la postura de la Comisión.

La Plataforma en Defensa del Ebro, que agrupa a los opositores en la zona del delta, también tiene depositadas buena parte de sus esperanzas en Bruselas. De hecho, el 8 de febrero recibirán a una delegación del Parlamento Europeo a la que quieren explicarle la grave repercusión de este plan en el delta. Un día antes, han convocado una manifestación en Amposta en contra del nuevo plan.

Mientras, el Síndic de Greugues, Rafael Ribó, ha abierto una actuación de oficio para conocer las actuaciones de la Generalitat y las instituciones europeas ante la aprobación del plan. El defensor del pueblo catalán critica que no se tuviera en cuenta ninguna de las propuestas consensuadas en la Comunidad.