Los partidos en las Cortes mantienen el plus salarial a ex altos cargos aunque lo restringen

El polémico plus salarial que cobraban los funcionarios que habían tenido altos cargos políticos seguirá existiendo, aunque con limitaciones. Aquellos que tengan reconocido este complemento no dejarán de ingresarlo, pero lo irán compensando con las mejoras salariales que vayan teniendo en el futuro. Respecto a los cargos actuales que sean empleados públicos, cuando dejen su puesto solo podrán percibirlo hasta el límite de su grupo funcionarial.

Este es el acuerdo que alcanzaron los grupos parlamentarios por unanimidad tras las críticas de Podemos, que al final se sumó al pacto pese a haber exigido la supresión de este privilegio. La discusión, que se produjo en el marco de la ponencia de la ley de acompañamiento de los presupuestos que concluyó ayer, giró en torno a un plus mensual que oscila entre los 180 y los 800 euros y del que se benefician funcionarios que han sido consejeros, delegados territoriales o directores generales y asimilados durante más de dos años continuados o tres con interrupción.

Todos cobran un complemento en función de su puesto en la administración, "incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo a la cuantía que la ley de presupuestos fije anualmente para los directores generales". 44 funcionarios, sin contar con los de Educación, se benefician de la prebenda, que supone 200.000 euros anuales al erario y que Asturias o Castilla-La Mancha suprimieron en 2012 (en el segundo caso con efectos retroactivos).

Los empleados públicos que cobran este plus ingresarán "un complemento personal transitorio y absorbible". Según fuentes parlamentarias, había motivos jurídicos que impedían eliminar esta retribución al estar consolidada. Se establece una limitación: la cantidad se reducirá progresivamente en función de "cualquier mejora retributiva" establecida en las leyes de presupuestos.

Respecto a los funcionarios que han accedido a altos cargos esta legislatura, tendrán como límite el nivel más alto de las retribuciones de su grupo, para evitar por ejemplo que un administrativo retorne con un complemento de director general. El acuerdo se justifica por la necesidad de establecer "un estímulo retributivo limitado para propiciar el paso de la condición de funcionario a la de alto cargo garantizando la posible captación de gestores expertos".

Además del complemento salarial, a petición del PAR, la ponencia de la ley de acompañamiento acordó que el personal directivo de libre designación que esté por debajo del director general deba ser empleado público. Por otro lado, los laborales de empresas públicas tendrán que ser seleccionado tras convocatoria pública.