El juez instructor de la Operación Molinos, Alfredo Lajusticia, dividió sus investigaciones en 15 subtramas y dedicó una de ellas al denominado Plan Parcial del SR1, una operación urbanística en la que la empresa Brococer vio una clara oportunidad de negocio. Sin embargo, los 12,7 millones que la promotora madrileña invirtió en 2005 en la compra de un terreno de La Muela solo le han supuesto quebraderos de cabeza. Máxime cuando sus cuatro socios han acabado en el banquillo acusados de sobornar a la exalcaldesa María Victoria Pinilla para que lograra la recalificación de su parcela.

"Nunca pagamos a la alcaldesa por información privilegiada sobre la recalificación del suelo", aseguró ayer Miguel Ángel García Casillas. "Tampoco intentamos presionar a ningún otro funcionario para que lo hiciera", añadió.En los mismos términos se pronunciaron después sus socios Joaquín García Callado y Miguel Cabrera Cobos, quienes no solo niegan haber cometido algún delito sino que se confiesan víctima de una estafa.

Según explicaron los tres encausados al tribunal, fue precisamente a raíz de la Operación Molinos cuando descubrieron que su socio –y también acusado– José Carlos Fernández Delgado les había, supuestamente, engañado. "Porque a nosotros nos dijo que la operación se había cerrado en 13,7 millones, cuando en realidad se había hecho por un millón menos", indicó García Casillas.

Los socios de José Carlos Fernández –para el que se piden casi cinco años de prisión y que todavía no ha declarado– creen que este, como impulsor de la operación, "tenía derecho a reclamar algún tipo de gratificación". Sin embargo, entienden que nunca debió cobrarse esta mediación falsificando el contrato que les enseñó.

La Policía dedujo que Brocover contó con información privilegiada a la hora de comprar los terrenos de La Muela, información que supuestamente le facilitó la propia alcaldesa. Sin embargo, el retraso en la recalificación de los terrenos puso muy nervioso a José Carlos Fernández Delgado, el cual estuvo a punto de "montar un escándalo" en el que "iba a caer hasta el apuntador", puesto que se veía en la ruina. Pero parece que lo que frenó aquella decisión fue la presunta entrega de 250.000 euros en dinero negro por parte de María Victoria Pinilla a Fernández para sacarle momentáneamente de la asfixia económica, algo que ante el juez de instrucción negaron ambos encausados. Pinilla ya no tendrá ocasión de dar explicaciones al tribunal, pero aún podrá hacerlo el empresario madrileño.