En la antesala de la negociación de los presupuestos, que comenzará formalmente el 13 de enero con la finalización del plazo de enmiendas, el primer motivo de discrepancia que se ha suscitado entre los grupos de izquierda, llamados a pactar las cuentas de 2016, es el impuesto de contaminación de las aguas (ICA). Mientras Podemos e IU, partidos que apoyan la coalición ZEC que gobierna Zaragoza, exigen una exención en el pago del tributo a la capital por haber sufragado en solitario su depuradora, PSOE y CHA insisten en que si la ciudad no aporta lo que le corresponde al sistema de saneamiento de Aragón, este no será viable. De momento, los dos socios de la DGA admiten una bonificación del 60%, ya anunciada, aunque se muestran dispuestos a negociar mejoras.

Podemos e IU defienden que Zaragoza, así como todos los municipios que han sufragado su propio sistema de depuración (Jaca, Pedrola y Fabara), no paguen el controvertido impuesto y presentarán enmiendas a la ley de acompañamiento. Especialmente delicadas son las propuestas de la formación violeta, dado que sin sus votos no puede salir aprobado el presupuesto.

Ante esto, los socialistas recuerdan que mantener a Zaragoza fuera del sistema supone una merma de entre 12 y 14 millones de euros e insisten en que se trata de un impuesto "de solidaridad" interterritorial. Hay que tener en cuenta que el Instituto Aragonés del Agua (IAA) prevé recaudar 55,4 millones por el tributo y sin la aportación de la capital aragonesa no tendría capacidad para atender sus gastos, vinculados fundamentalmente al mantenimiento de las estaciones depuradoras de la Comunidad.

Desde la DGA, se explicó que en este momento "Aragón ya ha aportado más que Zaragoza" al sistema de depuración, por lo que consideraron que la capital debe empezar a pagar el tributo. "Es un impuesto de solidaridad", insistieron las citadas fuentes, que recordaron que hay municipios que no pueden asumir por sí mismos su sistema de depuración y deben recibir ayuda del resto. Además, la DGAinsiste en la opción de Zaragoza de firmar un convenio por unos 20 millones en 10 años para invertir en infraestructuras de depuración.

Pero para Podemos, con un presupuesto de más de 5.000 millones para la DGA, la aportación de Zaragoza al sistema de depuración no es determinante. "Si el PSOE no acepta, será motivo de tensión", afirmó la diputada podemista Marta de Santos, que admitió que la cuestión es "espinosa" para los socialistas. Como mínimo, Podemos presentará tres enmiendas referidas al ICA. La más importante pasa por no aplicar el impuesto en Zaragoza capital, como exige ZEC y su alcalde, y en los municipios que han pagado sus depuradoras.

Además, reclama esa moratoria para las 500 localidades que, según sus cifras, están pagando tanto el canon de vertidos a la CHE como el impuesto a la DGA, pese a no tener la depuradora construida. Además de defender la necesidad de negociar con el Ayuntamiento, De Santos subrayó que la moratoria debe extenderse hasta que no se presente la auditoría sobre el IAA.

Para la diputada de IU Patricia Luquin, el Ejecutivo no puede incluir la medida de aplicar una bonificación del 60% en la ley de acompañamiento sin haberla pactado antes con el Ayuntamiento. Además, rechazó el porcentaje y apostó por la exención a Zaragoza y resto de municipios que han pagado sus depuradoras. A su juicio, el plan está "sobredimensionado" y, ante "el déficit que se ha generado", ahora la DGA quiere que "paguen los vecinos". "Es injusto", señaló. Luquin cargó además contra la posición del PSOE, "que en el Ayuntamiento se niega a aprobar las ordenanzas fiscales pero con este impuesto, que supone 5 euros al mes, no dice nada".

Ante la posición de Podemos e IU, el portavoz socialista Javier Sada hizo un llamamiento a la negociación. Recordó que el Ejecutivo ha incluido una bonificación del 60%."Se ha evitado a Zaragoza que pagara el 100%, que es lo que estaba previsto en la ley de PP y el PAR", dijo. A su juicio, los zaragozanos "no deben salir perjudicados, pero ese impuesto está para financiar los planes de depuración". "Hay que hablar con el Ayuntamiento de Zaragoza desde la clave de la solidaridad entre las ciudades", declaró.

Para CHA es importante que en el trámite presupuestario no se rompa la unidad de los grupos de izquierda, tampoco en esta cuestión. Por eso, la formación nacionalista está estudiando la presentación de una enmienda, consensuada con el PSOE, para posibilitar el acuerdo. "En la ley de medidas fiscales y administrativas se habla de un 60%. ¿Se puede llegar al 100%? Eso sería un problema para la DGA, una irresponsabilidad, una locura. Pero igual se puede plantear entre el 60% y el 75%", afirmó el diputado de CHA Gregorio Briz.