La Cámara de Cuentas de Aragón ha aprobado un informe que se publica este miércoles en su página web sobre los encargos del Gobierno de Aragón a las empresas públicas y entidades dependientes en el que se analizan las correspondientes a 2013. Se trata de una fiscalización acordada en el seno de la Comisión de coordinación del Tribunal de Cuentas y los órganos autonómicos de control externo (OCEX), que se ha realizado en las 17 Comunidades Autónomas. En el trabajo han participado aplicando la misma metodología todas las Instituciones españolas de fiscalización, excepto la Cámara de Coptos de Navarra y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, bajo la dirección del Tribunal de Cuentas estatal.

El informe señala que en 2013 las entidades y sociedades públicas del Gobierno de Aragón recibieron 168 encargos para ejecutar obras y servicios cuya titularidad correspondía a la Administración de la Comunidad Autónoma, por un importe global de 36,5 millones de euros. La sociedad pública SARGA, con 58 encomiendas por importe de 20,3 millones de euros, es la empresa que más facturó al Gobierno de Aragón por la ejecución de los encargos recibidos. Por su parte, la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), con 76 encomiendas recibidas por un importe de 4, 3 millones de euros, es la entidad que recibió más encargos de ejecución del Gobierno de Aragón. Las sociedades estatales del Grupo TRAGSA, ejecutaron en el ejercicio 2013 fiscalizado obras y servicios de la Comunidad Autónoma por valor de 3,1 millones de euros.

El departamento que más utiliza esta técnica de gestión es el de Agricultura, Ganadería y Montes, que en el año 2013 ordenó 68 encomiendas (que representan el 40,48 del total de la DGA) por un importe muy significativo de 26,7 millones de euros (el 73,26 del total adjudicado por este procedimiento). Tiene interés destacar que este Departamento ejecuta por esta vía más gasto público que el que compromete mediante la adjudicación ordinaria de contratos a empresas privadas externas, hasta alcanzar el gasto soportado por la ejecución de encargos por medios propios el 65 % de su inversión total en obras y servicios en 2013. En estos datos influye el hecho de que algunos de los servicios esenciales atribuidos al Departamento de Agricultura; Ganadería y Montes, como puede ser el de prevención y extinción de incendios forestales, se encomiendan a la empresa pública SARGA para que realice completamente su ejecución en todo del territorio de Aragón.

En relación a la cifra de negocios de las sociedades, en el caso de SARGA los cobros por encomiendas son su principal fuente de ingresos, representando el 59 % del total.

El informe señala que la razón de las encomiendas es la insuficiencia de medios materiales y humanos en los departamentos y organismos de la Comunidad Autónoma para realizar las labores que encargan a sus entes y sociedades públicas dependientes que, en teoría, deberían estar capacitados y disponer de medios suficientes para su ejecución. Sin embargo, la Cámara de Cuentas ha constatado y así lo señala en el informe que en más de la mitad de las 168 encomiendas revisadas (en el 55 % de los casos) la empresa o ente público encargada de su ejecución tampoco disponía de medios para ejecutar el encargo, por lo que contrató con terceros los trabajos, limitándose su gestión a tramitar la licitación y adjudicación de los contratos y a coordinar las prestaciones contratadas. Sobre este aspecto, se ha comprobado no obstante, que en general los procedimientos seguidos por las entidades receptoras de los encargos para la contratación con terceros han sido conformes con la legislación de contratos públicos, aunque aplicando las normas que se refieren a este tipo de entidades que son menos estrictas que las que rigen la contratación en la Administración.

En cuanto al precio de las encomiendas, el informe señala que no se soporta en tarifas aprobadas para su aplicación general, sino que se fija caso a caso. En general, los precios de las encomiendas comprenden tanto el coste directo de la mano de obra como los indirectos, los gastos por contrataciones externas y otros gastos directamente imputables a la encomienda. En general, la Cámara de Cuentas ha podido comprobar que todos los costes, directos e indirectos, están identificados y soportados en la contabilidad y los sistemas de imputación de los costes indirectos son comprobables y objetivos.

El informe señala un buen número de debilidades en el procedimiento para efectuar los encargos, derivadas de una escasa regulación legal de figura incompatible con la importancia que tiene esta forma de gestión en la Administración aragonesa. La más relevante, la ausencia de unas tarifas aprobadas por el Gobierno de Aragón para retribuir estos encargos, cuyo precio se determina en cada caso. Pero no es la única, en general, en estos encargos no se definen correctamente las necesidades a cubrir y sus características técnicas y económicas, o esta definición se realiza por la entidad receptora, lo que resulta incoherente con su posición subordinada. Además, en la mayoría de los supuestos no se aprueban pliegos de condiciones y de prescripciones técnicas, ni media informe del Servicio Jurídico previamente a la aprobación de los encargos.

También sobre procedimientos y técnicas de organización y gestión, el informe se detiene a analizar los casos en los que la Administración autonómica utiliza improcedentemente la técnica de los encargos de ejecución, siendo especialmente relevante la situación detectada en el caso de la entidad pública AST, a la que corresponde la gestión directa, y no mediante encargos, de los servicios de informática y telecomunicaciones de la Comunidad Autónoma. También se cuestiona en el informe que el encargo del servicio de prevención y extinción de incendios forestales a SARGA se instrumente incorrectamente como una transferencia de financiación del presupuesto de la empresa pública.

Por último, la Cámara de Cuentas propone una serie de recomendaciones para mejorar la gestión en este ámbito. Entre las más destacables, se pide que la Administración de la Comunidad mejore la regulación de las encomiendas, desarrollando en concreto normas sobre el procedimiento aplicable; que acredite en cada caso la necesidad de la encomienda y las ventajas de esta forma de gestión, tanto desde el punto de vista económico como de eficacia y eficiencia, sobre la contratación directa de los servicios por parte de la Administración especialmente en los casos en los que el ente receptor vaya a subcontratar el objeto del encargo, y, por último, que disponga de datos sobre costes de las prestaciones en el mercado para poder contrastarlos con los facturados por las entes públicos que ejecutan los encargos.