El PP se opone a las excesivas subidas de tasas y cambios normativos del Gobierno de Lambán

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón ha considerado que el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas -la conocida como ley de acompañamiento de los Presupuestos- contiene modificaciones normativas e "injustificados incrementos de tasas que perjudican a determinados colectivos y sectores importantes en la actividad económica de Aragón".

Por este motivo, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la totalidad y ha anunciado que, al no prosperar por el voto en contra de los grupos que sostienen al Gobierno de Aragón que preside el socialista Javier Lambán, presentará enmiendas parciales para tratar de evitar dichas afecciones.

En concreto, el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular, Antonio Suárez, ha puesto como ejemplo las "subidas espectaculares" de algunas tasas, como la de cotos de caza -con incrementos del 25%- o para la calificación ambiental de actividades ganaderas del sector porcino -que suben en un "exagerado" 90%-.

En cuanto a las medidas administrativas que contiene el proyecto de Ley, el diputado popular ha criticado la modificación que impedirá la movilidad laboral de los funcionarios en las entidades de derecho público.

Según la nueva normativa, sólo los empleados del Gobierno de Aragón podrán incorporarse a estas entidades, pero ya no podrán hacerlo los funcionarios de otras administraciones públicas. Una medida que, como ha apuntado Antonio Suárez, no solo perjudica a los funcionarios en su capacidad para elegir destino laboral, sino también a las propias entidades, que "no podrán elegir a los mejores", han alertado desde el PP en una nota de prensa.

Perjuicios

También en el ámbito de las entidades de derecho público, el Grupo Popular se ha mostrado contrario a la medida según la cual será el Gobierno de Aragón quien determine el sueldo de los cargos directivos de estas sociedades públicas, y no las Cortes de Aragón mediante la Ley de Presupuestos, como en el resto de trabajadores de la administración autonómica.

Entre otras medidas perjudiciales para la Comunidad Autónoma, Antonio Suárez se ha referido a la modificación de la Ley de Servicios Sociales de Aragón, que pretende autorizar de forma excepcional a los establecimientos que prestan servicios sociales sin cumplir los requisitos.

"Algún límite habrá que poner", ha advertido, y ha insistido en que el Grupo Parlamentario Popular presentará una enmienda para garantizar, al menos, una revisión anual que certifique el cumplimiento de requisitos tan importantes como los relacionados con los incendios.

Además, la nueva normativa limita la autonomía municipal en materia de residuos y limita algunos aspectos relacionados con la vivienda. De hecho, el Gobierno de Aragón no solo no refuerza las políticas de vivienda social, sino que reduce la protección de la figura de los arrendatarios, "los más débiles", ha apuntado Suárez.