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Aragón

Los directivos de las empresas públicas estarán obligados a devolver cualquier regalo

La DGA aprueba un código ético para atajar la corrupción que prohíbe incluso llevar a la familia en el coche de empresa. Aconseja que, "por prudencia", a las negociaciones acudan dos ejecutivos.

Carlos Esco y Agapito Iglesias, junto a sus abogados, a su llegada a la Audiencia por el caso Naves.
Carlos Esco y Agapito Iglesias, junto a sus abogados, a su llegada a la Audiencia por el caso Naves.
o. duch

Dos años y medio después de que la Fiscalía Anticorrupción destapara la presunta malversación millonaria en Plaza, la DGA ha aprobado ahora un código ético para evitar que se repitan nuevos casos en sus cinco empresas logísticas e inmobiliarias. Con este objetivo, ha presentado a los consejos de administración un programa de "prevención de riesgos penales" que afecta tanto al personal como a los consejeros y que se ha aprobado en todos los casos. La medida afecta a las plataformas logísticas de Zaragoza, Huesca y Teruel (Plaza, Plhus y Platea, respectivamente), a Zaragoza Expo Empresarial y a Suelo y Vivienda de Aragón (SVA).

A los directivos y consejeros se les cierra cualquier posibilidad de recibir, "directamente o a través de terceros", cualquier regalo, dádiva o beneficio "en consideración a su cargo", exigiendo de forma expresa su devolución. Y todos estarán obligados a informar por escrito a quienes hagan regalos de la existencia del programa de prevención. Igualmente no podrán aceptar ninguna remuneración "por servicios derivados de la actividad propia del empleado procedente de clientes o proveedores". Tampoco se autorizará que las cinco empresas puedan hacer "dádivas, obsequios o invitaciones de cualquier tipo" a los miembros del consejo de administración.

La primera en aprobar este programa fue precisamente Plaza, que lo hizo a finales de septiembre, justo cuando se celebraba el juicio por el primero de los casos de corrupción abiertos, el de los sobrecostes millonarios en una promoción de naves industriales encargada a la constructora del exdueño del Real Zaragoza, Agapito Iglesias. Y hace solo unos días hizo lo propio Expo Zaragoza Empresarial, que pese a los cientos de millones que contrató en la urbanización de Ranillas y su posterior transformación como parque empresarial no se ha enfrentado a la judicialización de las obras.

El programa de prevención de riesgos penales, de doce páginas, plantea todo tipo de medidas, como la de "procurar" que al menos dos empleados de las empresas públicas acudan a las reuniones de negociación con terceros. En esta línea, se establece que las operaciones de venta de suelo se tendrán que "ajustar a precios de mercado, evitado la fijación individualizada de precios de venta en cada negocio jurídico, y cuidando especialmente el respeto al principio de transparencia".

Este código ético no establece ningún tipo de sanción por los posibles incumplimientos, aunque regula hasta el uso de los vehículos de empresa: estará prohibido llevar a la familia y solo se podrán autorizar aquellos desplazamientos que tengan fines laborales.

Igualmente, se recoge de forma específica la advertencia de reducir "al mínimo imprescindible" el uso del teléfono y del correo electrónico por motivos personales. Así, se incide en que el acceso y uso de la red electrónica y de los equipos de las empresas públicas "deben estar destinados a finalidades propias del puesto de trabajo".

Los responsables de las empresas logísticas e inmobiliarias de la DGA también tendrán la obligación de convocar al menos cada tres meses sus consejos de administración "en orden a asegurar el adecuado conocimiento de la marcha de la sociedad". De velar por el cumplimiento del programa se encargará en cada sociedad una comisión formada por un consejero, un directivo, un trabajador y un letrado de la DGA.

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