Pablo Iglesias anuncia una proposición de ley de emergencia social

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha garantizado este jueves que la primera iniciativa que llevará a las Cortes generales una vez constituidas será una proposición de ley de emergencia social cuyo objetivo será "que pretende ser un primer paso para abordar el cumplimiento del artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos en nuestro país".

Iglesias ha asegurado este compromiso en Zamora, donde ha acudido para pasar unos días con su padre, que reside en esta ciudad. "Hoy es Nochebuena, fechas para pasarlas en familia, aunque muchas vayan a estar sin luz ni calefacción por no poder pagarla, o fuera de sus casas porque hayan sido desahuciados por los bancos, o algunos abuelos sin medicinas por culpa del copago sanitario o muchas mujeres víctimas de malos tratos en la misma vivienda en la que reside su agresor por falta de medios", ha lamentado Iglesias.

"Nosotros no hemos llegado al Parlamento para jugar el juego de las sillas, sino para dar la cara por nuestra gente", ha subrayado.

Desde Podemos se espera que este proyecto de ley se apoye desde todos los partidos políticos, a los que ya se le ha trasladado, conjuntamente con una propuesta económica. "No cuesta ni un euro hacer esta ley y si quieren se puede conseguir", ha indicado Pablo Iglesias.

Carta a los partidos

En la carta enviada a los partidos, se explica que este tipo de problemas "no puede entender de plazos ni esperas" y que se basa en el artículo 25 de los Derechos Humanos que indica que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios", se enumera.

Los puntos principales de esta proposición son la vivienda, el rescate energético y la salud. En el primero de ellos se subraya que la situación de emergencia habitacional "contrasta con la ausencia de mecanismos de defensa eficaces por parte de las personas en situación de vulnerabilidad social y por la ausencia de procedimientos judiciales con garantías".

Para Podemos, esta situación "ha provocado la violación sistemática de derechos humanos y el incumplimiento reiterado de las obligaciones internacionales de España". Apoyados en datos de Amnistía Internacional, entre 2008 y 2014 se iniciaron 578.546 ejecuciones hipotecarias "de las cuales 25.811 terminaron en un desalojo en 2013 y 28.877 en 2014".

Por este motivo, el partido propone en esta ley "abordar legislativamente la prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional", además de introducir un procedimiento simplificado de reestructuración y cancelación de la deuda hipotecaria de los hogares dividido en dos fases: la de conciliación ante una comisión de endeudamiento para presentar propuesta a los acreedores y la fase vista judicial, en la que el juez acordará un plan de pagos a partir de la limitación de la deuda hipotecaria al bien hipotecado, con opción de quita o de dación en pago.

Sobre el rescate energético, Podemos propone en su proyecto de ley que el acceso a la energía "es un servicio público, independientemente de que sea gestionada por instituciones públicas o privadas". Con esta ley pretenden por tanto garantizar el suministro mínimo. "No se procederá al corte de suministro de electricidad o gas cuando se trate de una vivienda habitual y cuando el impago de la factura sea debido a motivos ajenos a su voluntad, en particular por pobreza sobrevenida", se apunta, para añadir que también se satisfarán "unos mínimos vitales de electricidad y gas a aquellos hogares que lo necesiten".

Para este objetivo, se modificarán los requisitos de acceso al bono social, que dependerá de la suma de las rentas de los miembros que residen en dichos hogares. "Los servicios sociales determinarán el nivel de vulnerabilidad de cada hogar para determinar las bonificaciones a las que tendrán acceso", se añade.

Por último, en el aspecto de la salud, se subraya la prohibición de copagos farmacéuticos "aplicable a todo el territorio estatal". La carta a los grupos políticos se despide con el anhelo de que "se unan a la propuesta para hacer de España un país a la altura de su gente".