Las perforaciones en la tierra con el objetivo de saber si una zona puede ser propicia para su explotación mediante el método de fractura hidráulica o 'fracking' no están sometidas a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según se recoge textualmente en la última Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón aprobada el pasado verano en las Cortes.

Esta es una de las principales conclusiones que extrae el Consejo de Protección de la Naturaleza de la Comunidad - el órgano consultivo de la DGA en materia medioambiental- en su último dictamen sobre la fractura hidráulica, técnica para extraer de yacimientos no convencionales gas natural o petróleo que se basa en perforar artificialmente rocas poco porosas inyectando a gran presión una mezcla de agua, arena y compuestos químicos en el subsuelo, y que ha creado una gran controversia desde que se comenzara a hablar de los primeros proyectos en España, allá por 2013.

Aunque la Ley de Protección Ambiental sí que recoge la necesidad de una evaluación para futuribles explotaciones mediante 'fracking', se excluye esta condición para las perforaciones que tengan carácter de estudio. Algo que el Consejo intenta implementar con la elaboración de este informe, que recomienda siete estudios geológicos distintos a la hora de evaluar el posible impacto que pueda tener una intervención de este tipo y que servirán de guía para que el Inaga y otras administraciones los tengan como referencia.

“El principio de precaución y cautela está siendo aplicado por la administración autonómica competente y desde este Consejo se considera que se debe mantener este posicionamiento en tanto en cuanto no se conozcan las consecuencias exactas de las actuaciones derivadas de esta técnica” señala el dictamen, que hace hincapié en la “compleja problemática” que presenta el 'fracking' a la hora de conocer “la magnitud e importancia de los impactos ambientales sobre el subsuelo y los acuíferos”.

“Una legislación convencional, para una técnica no convencional”

El dictamen va en línea a los últimos movimientos dados desde las diferentes instituciones de la Comunidad, donde siempre se ha mantenido una posición de prevención -las Cortes llegaron a aprobar una resolución para solicitar la declaración de Aragón como territorio libre de 'fracking'-, aunque sin llegar a cerrar del todo la puerta a esta técnica.

Y es que, al igual que para muchos la fractura hidráulica puede suponer un peligro por el riesgo de contaminar acuíferos durante las perforaciones o por la posibilidad de provocar microseísmos, para otros tantos es la técnica con la cual Estados Unidos ha conseguido dar el gran salto hacia la independencia energética y por la que cada vez apuestan más países. Sin ir más lejos, la semana pasada el Parlamento Británico aprobó la posibilidad de realizar 'fracking' también en sus parques naturales.

Pese al enorme debate y las aparentes posiciones antagónicas que provoca la fractura hidráulica, desde el Consejo celebran sobre todo el dictamen emitido por ser un texto consensuado entre organizaciones ecologistas, empresariales y administraciones. Aunque, eso sí, se señala la necesidad de una regulación a todos los niveles, incluido el europeo, clara a este respecto.

No en vano, en una mesa redonda celebrada por el propio Consejo hace un mes, el catedrático de geodinámica interna de la Universidad de Zaragoza, José Luis Simón, puso el foco sobre cómo “ante una técnica de extracción 'no convencional', debería haber evaluaciones de riesgo también 'no convencionales'”, aludiendo a que las actuales Evaluaciones de Impacto Ambiental que recoge la legislación no amparan todavía estudios y controles que sean capaces de anticipar los principales males que se atañen a la fractura hidráulica.El estado del 'fracking' en Aragón

En Aragón, tras la paralización de más de una decena de expedientes enviados a la DGA durante los dos últimos años, en la actualidad solo sigue su curso un proyecto de fractura hidráulica conocido como proyecto Aquiles, que afecta a un total de 102.355 hectáreas incluyendo a municipios como Ejea, Tauste, Borja, Magallón, Gallur, Luceni, Boquiñeni o Pedrola y que a día de hoy se encuentra en periodo de tramitación.

Este proyecto, liderado por la empresa Frontera Energy, es el único que sigue andando de todos los que afectan a Aragón debido a que su área de actuación se encuentra a caballo entre las autonomías aragonesa y navarra, por lo que a ser de ámbito interautónomico, es únicamente el Ministerio de Industria el que tiene competencias para su tramitación.