Las autoridades turcas han empezado a detener, internar y, en algunos casos, a devolver a refugiados sirios a "zonas de guerra", denunció ayer la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI).

La ONG relaciona esta nueva tendencia de arrestos arbitrarios con las conversaciones entre la Unión Europea y Turquía para frenar la llegada de refugiados y que convierte a este último país en "el portero de Europa", como reza el título del informe. La UE, advierte la ONG, "corre el riesgo de convertirse en cómplice de violaciones de los derechos humanos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo".

Las investigaciones de AI documentan un centenar de casos en el que las autoridades turcas detuvieron a refugiados sirios en las provincias occidentales de Turquía, punto de partida habitual para intentar alcanzar las islas griegas, y los trasladaron a dos centros de internamiento en el este y sur del país. Una vez internados, los refugiados quedaron aislados del exterior, sin permiso de comunicarse con sus familiares ni con abogados. La mayoría fueron puestos en libertad tras semanas o meses. Otros, sin embargo, fueron forzados a firmar una declaración de regreso "voluntario" a Siria y trasladados al paso fronterizo en la provincia de Hatay, cuyo lado sirio está bajo dominio de grupos islamistas, señala el documento de Amnistía.

Turquía alberga a unos 2,2 millones de sirios y a unos 230.000 demandantes de asilo de otros países, por lo que los casos documentados por AI, que solo empiezan a registrarse desde septiembre, se pueden considerar "excepcionales", admite la propia ONG.

Ante la presencia de muchos miles de refugiados sirios en las provincias occidentales turcas, estas detenciones, además, parecen arbitrarias, apunta la ONG, y no se sabe por qué a algunos se les libera pronto y otros son internados largamente o deportados. "Presionar a refugiados y solicitantes de asilo para que regresen a países como Siria e Iraq no es solo intolerable, sino que también infringe directamente el derecho internacional", afirma John Dalhuisen, portavoz de Amnistía Internacional.