Educación llevará al Supremo la prueba final de sexto de primaria

El departamento de Educación del Gobierno de Aragón sigue con su cruzada contra la última ley del sector aprobada, la Lomce. Si ya en meses anteriores decidió reducirla y no aplicar todo aquello que no fuera obligatorio –como, por ejemplo, la prueba de nivel en tercero de primaria, que ya hace dos meses se decidió desechar–, ahora llevará al Supremo otro de estos exámenes, al que sí obliga la normativa: el que debe realizarse a los alumnos de sexto.

La Consejería anunció ayer que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo en el que pide que paralice lo que considera una "reválida" que "se aleja del sentido orientador de cualquier prueba de diagnóstico y busca elaborar un ranquin de centros".

La contestación a estas pruebas había motivado que el Ministerio retrasara el decreto de las reválidas y abriera un debate para su implantación. Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó el 20 de noviembre un Real Decreto que aprobaba este examen para el alumnado de sexto de primaria, como se recogía ya en la Lomce, obligado para escolares de todo el país aunque las pruebas sean diseñadas y aplicadas por las administraciones autonómicas.

La consejera de Educación, Mayte Pérez, comentó al respecto que "la nula voluntad democrática ha llevado al Gobierno central a cometer una ilegalidad: la aprobación de una normativa básica sin el debido informe de la Conferencia Sectorial de Educación". Según recalca Pérez, las comunidades no han podido pronunciarse acerca del texto aprobado, lo que ha derivado en este proceso, que también seguirán otras autonomías gobernadas por el PSOE como Extremadura o Andalucía.

El equipo de Educación ya se marcó como objetivo en verano, nada más acceder al Gobierno autonómico, la paralización de la Lomce, y ha ido dando pasos en ese sentido desde entonces. A comienzos de curso, permitió a los centros volver a usar los mismos libros de texto que el año pasado. A principios de octubre escribieron a los colegios para eliminar la prueba externa que se pretendía implantar en tercero de primaria como una prueba piloto y, dos semanas más tarde, decidieron también prescindir de la nueva manera de evaluación que recogía la normativa aprobada en 2013 y volver a la tradicional, con muchos menos criterios para valorar a cada alumno. También se aprobó el fin de la matrícula de honor como una calificación para alumnos de primaria.

Sin embargo, con su anuncio de ayer, muestra su intención de suspender una parte de la legislación que sí resultaba obligatoria. Será el Tribunal Supremo el que decidirá si, finalmente, se realiza o no esta prueba de nivel que, a pesar de no tener efectos académicos, ha suscitado polémica en la comunidad educativa.