Las intensas negociaciones de los últimos días han dado los primeros frutos y permitirán que cuatro de los 40 acusados de la Operación Molinos se siente hoy en el banquillo algo más tranquilos, ya que han reconocido los delitos que se les imputan y han pactado de antemano sus penas con la Fiscalía, la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de La Muela. Pero entre los firmantes de este acuerdo no figuran de momento ni la exalcaldesa María Victori Pinilla, ni otros dos de los principales encausados: Julián de Miguel, dueño de la empresa que gestionaba el urbanismo del municipio, y Carmelo Aured, intermediario en muchas de las operaciones bajo sospecha. Sin embargo, como informó HERALDO, el ministerio público tiene cerradas las negociaciones con los tres y todo apunta a que al arreglo se sumarán el resto de acusaciones.

Los acuerdos se han consensuado in extremis. Hasta el punto de que el Ayuntamiento de La Muela convocó ayer un pleno extraordinario para someter a votación las propuestas de ocho de los acusados. Entre estas figuraban las del exmarido de Pinilla, Juan Antonio Embarba, y las de los tres hijos del matrimonio, Jorge, Víctor y Juan Antonio. Pero ninguna de las cuatro salió adelante, ya que se necesitaba una aprobación por mayoría absoluta y solo cuatro de los once ediles votaron a favor.

En su escrito de calificación provisional, los abogados del Ayuntamiento de La Muela no reclaman indemnización alguna a Juan Antonio Embarba o a sus tres hijos. Pero estos van a responder con todo su patrimonio (ya embargado) a la responsabilidad civil que les exige Hacienda y se ofrecían a dedicar el sobrante a abonar la indemnización que se pide a la exalcaldesa. A cambio solicitaban que el consistorio revisase a la baja sus penas de cárcel.

Con quien sí salió adelante un acuerdo fue con el exconcejal de La Muela Juan Carlos Rodrigo Vela, el único que, junto con Pinilla, llegó a entrar en prisión provisional. Para que el arreglo fructificara, el encausado ha tenido que poner a disposición del consistorio muelano todo su patrimonio (también trabado por el juez) y abonar, además, otros 33.697 euros. A cambio, el exedil va a conseguir una notable reducción de la pena de cárcel, ya que si antes le pedían 17 años ahora solo serán seis.

Los otros tres beneficiarios de los arreglos previos son los empresarios madrileños José Carlos y Domingo Fernández Delgado, y José Fernando Martínez, vinculados con la empresa Brocover y la venta de los terrenos del SR1. Su propuesta de acuerdo también salió adelante, ya que estos se han comprometido a pagar al consistorio 332.495 euros en concepto de responsabilidad civil. Como contraprestación, se les rebaja la petición de prisión y ninguno entrara en Zuera. El macrojuicio comienza hoy en la Ciudad de la Justicia con las cuestiones previas, que se dirimirán hasta el próximo viernes. Las declaraciones no están previstas hasta enero.