Aragón regula la ética que debe regir el comportamiento en las administraciones públicas
Aprueba un proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública que tiene como objetivo dar un "tratamiento integral".
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública que tiene como objetivo dar un "tratamiento integral" a la regulación del comportamiento en las administraciones públicas.
Después de que el Consejo de Gobierno tuviera conocimiento del anteproyecto el pasado 17 de noviembre, este martes el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al proyecto que enviará a las Cortes de Aragón de forma inmediata para su tramitación por el procedimiento normal, ha explicado en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Vicente Guillén.
Con el, según asegura el gobierno, se da "un paso más" para que Aragón se sitúe "en la vanguardia de la regulación relativa a la integridad y ética pública desde un tratamiento integral".
La ley afectará a los miembros del gobierno y a los altos cargos del ejecutivo y de los organismos públicos y entidades públicas, delegados territoriales, directivos de las sociedades mercantiles, directores y gerentes de las fundaciones y consorcios, directores y jefes de gabinete.
Pero también a los diputados de las Cortes de Aragón, miembros de la Cámara de Cuentas, El Justicia y su Lugarteniente, miembros del Consejo Consultivo y personas y entidades que desarrollen la actividad de lobby.
La Ley incide en la educación como garantía de consolidación de unos valores esenciales en la vida ciudadana y crea la Agencia de Integridad y Ética Pública, que contará con amplias potestades para actuar contra el fraude y la corrupción y con funciones de evaluación de políticas públicas y disposiciones legales, además de colaborar con cuantas instituciones, órganos y autoridades tengan competencias similares.
Será un ente comisionado de las Cortes de Aragón, con plena autonomía organizativa y con una estructura ligera.
Además, se crea una Comisión Aragonesa de Integridad y Ética Pública, que si lo deciden las Cortes, podrá asimilarse a una comisión parlamentaria.
Una de las novedades que introduce esta norma es la regulación de los lobbies, con la creación de un registro de lobistas y lobbies público a través del que se impondrán a estos y a las autoridades y cargos con los que se relacionen concretas exigencias de transparencia y el compromiso de cumplir un código ético mínimo.
De forma novedosa, se regula el estatuto del empleado público denunciante, es decir, aquel que de buena fe pone en conocimiento de la Agencia de Integridad y Ética Pública comportamientos dudosos.
Y el Código de Buen Gobierno recoge los principios éticos y de conducta que deben regir la actuación de los miembros del Gobierno y altos cargos, como la imparcialidad, la no obtención de ningún privilegio o ventaja injustificada o el uso adecuado y austero de los gastos de representación y atenciones protocolarias.
Otra de las novedades incluidas en esta Ley es la regulación del proceso de traspaso de poderes con el fin de evitar malas prácticas y comprometer la acción política del gobierno entrante.
Se regula también el registro de actividades, bienes y derechos patrimoniales de las autoridades y cargos del sector público autonómico y se prevén las condiciones en las que se harán públicas las declaraciones de bienes y actividades, con las adaptaciones obligadas para garantizar la seguridad y confidencialidad precisas.
Como novedad, el Proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública introduce el examen de la situación patrimonial al cese para descubrir indicios de enriquecimiento injustificado teniendo en cuenta los ingresos percibidos a lo largo de su mandato y la evaluación de la situación patrimonial.
