Las entidades financieras tan solo han aportado 6 pisos a la bolsa de alquiler social de Aragón, lo que representa poco más de un 2% de los 287 inmuebles con los que cuenta la Administración autonómica para atender el aluvión de peticiones de personas sin recursos: casi 4.000, de las cuales 845 han sido admitidas sin poder asignarles un techo digno. Esta realidad ha llevado a la directora general de Vivienda, Mayte Andreu, a reunirse con los responsables de los principales bancos y cajas de Aragón para instarles a ceder viviendas.

Su intención es alcanzar acuerdos con todas las entidades y firmar convenios que garanticen disponer de un mayor número de viviendas, aunque se les podrá obligar ya a ceder todas las que tengan vacías y procedan de desahucios. Esto será posible porque el Consejo de Gobierno aprueba mañana el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, que establece como otra de las medidas más destacadas la moratoria de lanzamientos en los procedimientos judiciales y extrajudiciales hasta que no se pueda ofrecer una alternativa a los afectados. El decreto será aplicable desde el miércoles.

Mayte Andreu consideró que las reuniones con los bancos han sido positivas, ya que sus directivos le trasladaron "su disponibilidad a firmar convenios", lo que evitaría los "requerimientos y multas coercitivas" que se podrán aplicar a partir de ahora. "Hemos dejado muy claro que no nos queremos quedar con las viviendas de nadie. No se trata de expropiar y el Gobierno de Aragón garantiza el pago de los alquileres", añadió.

La directora general de Vivienda espera contar en breve con información detallada del parque inmobiliario disponible por parte de las entidades financieras, que ahora tendrán obligación de aportar los datos de forma trimestral a la Administración autonómica. "No sabemos el número de viviendas disponibles para su alquiler social. Esperamos que las entidades financieras nos den datos pronto", señaló Andreu.

El primer convenio para la cesión de viviendas lo firmó a principios de año el Gobierno de Rudi con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), pero ni siquiera una sola de las 80 viviendas cedidas por la Sareb ha podido ser ocupada. El acuerdo implicaba el pago por parte de la DGA de 760.000 euros en cuatro años a la Sareb, aunque ninguna de las viviendas aportadas reúne las condiciones mínimas de habitabilidad.

De hecho, la directora general de Vivienda dudó de que con la inversión de hasta 600 euros por inmueble a la que se compromete la Sareb se puedan finalmente asignar. "Podríamos devolverlas todas", añadió.

La necesidad de ampliar la bolsa de alquiler social es perentoria, ya que a finales de noviembre había 845 solicitudes aceptadas a las que no se les puede dar respuesta y 1.540 estaban en tramitación. Otras 1.287 han sido denegadas y 119 se han dado de baja, según refleja la estadística oficial de Vivienda.

El problema es que ni siquiera todos los pisos cedidos a la bolsa de alquiler social pueden ser ocupados. Un total de 206 de los 287 están arrendados, pero el resto están vacantes, ya sea porque en el municipio donde se ubican no hay solicitantes o por el hecho de estar en obras para que reúnan unas condiciones mínimas de habitabilidad.

La mayoría de los inmuebles cedidos que no pueden utilizarse se concentran en la provincia de Zaragoza: 59 de los 81. Y más concretamente en la capital, donde hay 44 pisos vacantes, 33 de ellos por obras de acondicionamiento. En Huesca hay otras quince y en Teruel, las siete restantes.

La situación ha llevado a la Dirección General de Vivienda a plantearse la posibilidad de ampliar el radio de actuación en las tres capitales de provincia, de modo que los demandantes de vivienda puedan optar a inmuebles que no estén en su municipio. Para ello, se están analizando la demanda y la oferta disponible. "La idea es ampliar el radio a 30 minutos de las tres capitales, ya que hay oferta de transporte", explicó.

Otra de las medidas que se va a poner en marcha es la unificación de toda la oferta de alquiler social en una sola bolsa, en la que conste las viviendas de las administraciones, las cedidas por particulares y las aportadas por convenio por las entidades financieras. Todas ellas cumplirán unas mismas condiciones. La previsión es que esté en marcha a finales de 2016, ya que se debe desarrollar una aplicación informática.