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La Fiscalía negocia ahora una gran rebaja de penas con los principales acusados de La Muela

Pinilla, De Miguel y Aured han aceptado un acuerdo que no ha sido ofrecido a todos los imputados. La estrategia del ministerio público consiste en que reconozcan su culpabilidad e incriminen al resto.

María Victoria Pinilla, durante una de sus últimas visitas a la Ciudad de la Justicia.
María Victoria Pinilla, durante una de sus últimas visitas a la Ciudad de la Justicia.
Guillermo mestre

La Fiscalía y algunos de los principales acusados de la Operación Molinos han alcanzado un principio de acuerdo que podría condicionar sobremanera el devenir del macrojuicio que se inicia mañana martes. Según ha podido saber HERALDO, el ministerio público ha ofrecido a la exalcaldesa de La Muela María Victoria Pinilla una sustancial rebaja de su condena a cambio de que admita su culpabilidad. De hecho, los 37 años de cárcel que a priori le exige podrían verse reducidos a siete. Y no es la única con la que se ha pactado una entente, ya que también parecen estar muy avanzados otros arreglos. Entre ellos, uno con Julián de Miguel, responsable de Aranade (sociedad que gestionaba el urbanismo municipal), y otro con Carmelo Aured, empresario que la Fiscalía ha considerado siempre una pieza clave en la trama de corrupción urbanística.

Es tanto lo que se juegan, que ninguno de los implicados en estos acuerdos ha querido dar publicidad hasta ahora al desarrollo de sus negociaciones. Sin embargo, el hecho de que la oferta de la Fiscalía haya sido selectiva y no extensiva a los 40 encausados ha generado un enorme malestar, acabando con la discreción y los pactos de silencio. La que parece estar algo más clara es la estrategia de la acusación pública, que pasaría por aprovechar el reconocimiento de culpabilidad de los principales acusados para incriminar al resto. Porque al reconocer los hechos durante su declaración, Pinilla y los otros firmantes de los acuerdos se convertirían automáticamente en principales testigos de cargo contra los demás. Algo que los abogados de estos últimos no ignoran y que también está condicionando sus planes iniciales.

Al parecer, la Fiscalía ha intentado que en estos acuerdos entraran Francisco Núñez y Luis Ruiz Martínez, arquitecto y secretario municipal de La Muela, respectivamente. Para el primero se piden 20 años de cárcel y para el segundo, cinco. Sin embargo, en su caso, la inhabilitación para cargo público que conllevan los delitos que se les atribuyen les habría impedido pactar. No en vano, ambos perderían sus respectivos puestos de trabajo en caso de condena.

El de La Muela es un juicio que todos intentan evitar. La complejidad de las tramas, así como los 263 años de cárcel y las millonarias multas e indemnizaciones que se dirimen se han convertido en una pesada losa para las defensas. Pero también para las acusaciones, a las que asustan las posibles sorpresas de una vista que iba a durar tres meses (los arreglos podrían reducirla considerablemente). De ahí que todos apuren sus posibilidades hasta el final.

Al parecer, por parte de las acusaciones, el peso de las negociaciones lo ha llevado la Fiscalía Anticorrupción de Zaragoza, de la mano de la abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, a la que se han defraudado varios millones de euros. Pero en este proceso están personados también el Ayuntamiento de La Muela, la DGA y algún particular. Lo lógico sería que todos fueran de la mano y aunaran voluntades, ya que, de lo contrario, los pactos no tendrían tanta fuerza. Porque aunque el ministerio público se comprometa a rebajar la petición de cárcel a algunos acusados, el resto podría seguir exigiéndoles condenas mucho más altas.

Las indemnizaciones que se piden a los principales acusados de esta macrocausa suman más de once millones de euros, pero el ministerio público entiende que estas estarían garantizadas con las numerosas fincas y patrimonio embargados en su día por el juez instructor. De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia, Alfredo Lajusticia, logró inmovilizar un total de 214 propiedades de cinco imputados y de siete de sus empresas. Entre estas se incluyen pisos, chalés, garajes e incluso terrenos rústicos.

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