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Los once millones en indemnizaciones frenan los acuerdos previos al juicio de La Muela

El mayor proceso por corrupción en Aragón comienza este martes tras siete años de instrucción. Algunos acusados negocian in extremis el pago de la responsabilidad civil para evitar el banquillo.

El macrojuicio se celebra en la sala 3 de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza
El macrojuicio se celebra en la sala 3 de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza

Todo está preparado. Y, a la vez, todo sigue aún en el aire. La sala de vistas número 3 de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza ha recibido esta semana los últimos retoques técnicos para acoger a partir del martes la mayor macrocausa contra la corrupción urbanística celebrada hasta la fecha en Aragón: la Operación Molinos. Sin embargo, es tal el número de acusados (40) y la complejidad del asunto (84.405 folios de diligencias) que resulta imposible prever de antemano ni cuánto durará el juicio o si alguien acabará evitando el banquillo. Hace semanas que se suceden las negociaciones entre las acusaciones y las defensas, pero los más de once millones de euros que reclaman los perjudicados –principalmente, el Ayuntamiento de La Muela y la Agencia Tributaria– han impedido que fructifiquen acuerdos con los principales encartados.

La exalcaldesa María Victoria Pinilla, para quien la Fiscalía pide 37 años de cárcel, y el responsable de la empresa Aranade, que gestionaba la sociedad urbanística de La Muela y se enfrenta a una pena de 26 años, han llegado a poner todo su patrimonio a disposición de los damnificados de cara a una posible entente. Pero los abogados de una y otra parte han sido incapaces hasta ahora de arreglarse. Y el reloj corre ya en su contra.

Los únicos que podrían pactar in extremis con la Fiscalía y el resto de acusaciones son aquellos encausados para los que se exigen exclusivamente multas o pequeñas penas de prisión. Si son capaces de ponerse de acuerdo en cuanto al importe de las indemnizaciones, se les retirarían los cargos y se librarían del banquillo. Algo que beneficiaría a unos y a otros y aligeraría algo el desarrollo del macrojuicio. En cualquier caso, parece que esos arreglos, en caso de cerrarse, serían puntuales.Movimientos de última hora

La Operación Molinos saltó a la luz en marzo de 2009, cuando la Policía tomó el Ayuntamiento de La Muela para detener a su regidora y a todos aquellos que supuestamente se habían confabulado de alguna manera con ella para enriquecerse de forma ilícita y a costa de los intereses del municipio. Sin embargo, la investigación llevaba en marcha desde 2008, por lo que la vista se celebra tras siete años de pesquisas. Aunque ha habido tiempo suficiente para todo, en estos últimos días se han seguido produciendo movimientos. Por ejemplo, la renuncia de tres acusados a sus respectivos abogados. Entre ellos, Dolores Pinilla, hermana de la excalcaldesa, y Carmelo Aured, empresario e intermediario para el que la Fiscalía pide 22 años de prisión. Este último, en prisión por otra causa, pasa por ser uno de los que más recursos han interpuesto. Ha intentado invalidar muchas de las pruebas, pero lo único que ha logrado ha sido ralentizar el proceso.

Las defensas –serán 42 abogados los que se sienten en el estrado durante los tres meses que, a priori, esta previsto que dure la vista– prefieren no adelantar sus estrategias. Y aunque las sorpresas son poco habituales en el ámbito judicial, algunos de los letrados aún confían en su última carta. El presidente del tribunal, Javier Cantero, ha decidido que entre el martes y el viernes se diriman las cuestiones previas. Será por lo tanto el momento de alegar y de intentar encontrar posibles fisuras en la instrucción de cara a posibles exoneraciones.

Tras las sesiones de esta semana, los magistrados harán un parón en el juicio para estudiar estas cuestiones. Y no se retomará la vista hasta el próximo 11 de enero, cuando comenzará el interrogatorio de los acusados, a los que inicialmente se atribuyen 142 delitos y para los que se solicitan un total de 263 años de cárcel.

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