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Aragón

El juez pregunta al fiscal si manda a prisión a Pujol Ferrusola o le prohíbe salir del país

?UPyD había pedido medidas cautelares para el primogénito del expresidente de Cataluña después de que sus hermanos le señalaran como gestor de la fortuna oculta.

Jordi Pujol Ferrusola, a su salida de la Audiencia Nacional el pasado 15 de septiembre.
Jordi Pujol Ferrusola, a su salida de la Audiencia Nacional el pasado 15 de septiembre.
dani pozo/afp

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si, tal y como reclama UPyD, acusación popular en este proceso, debe volver a interrogar a Jordi Pujol Ferrusola, ‘Junior’, antes de imponerle medidas cautelares, entre las que cabría su ingreso en prisión o la retirada del pasaporte con la consiguiente prohibición de salir de España.

Andrés Herzog y Jorge Alexandre, abogados de la formación política, pidieron el 18 de noviembre que se impusieran medidas cautelares al primogénito del expresidente. Ahora, De la Mata, como es preceptivo, da traslado a la Fiscalía para decidir si celebra la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es en la que cabría fijar si se cambia la situación personal del imputado.

La petición de los letrados de UPyD de restringir cuanto antes los movimientos del primogénito del exjefe del Ejecutivo autonómico vino solo días después de que sus hermanos Josep y Pere Pujol confirmaran ante el propio De la Mata que fue el primogénito del clan el que gestionaba el dinero de la familia en el extranjero.

Poco antes, las autoridades andorranas habían remitido una comisión rogatoria que desveló que Junior durante años hizo transferencias periódicas de dinero a través de empresas pantallas, testaferros y complicadas operaciones financieras a las cuentas de sus hermanos en el extranjero.

Unas cantidades que no eran otra cosa, sostiene la Fiscalía, que el "reparto de beneficios" familiar de las mordidas que pagaban las empresas adjudicatarias de los concursos de la Generalitat. Aquella comisión rogatoria reveló además que Junior ingresó en sus cuentas del Principado más de 40 millones de euros entre 1991 y 2014. Dinero que luego fue repartido entre sus hermanos.

En la Audiencia Nacional

Desde la semana pasada, la Audiencia Nacional centraliza las investigaciones sobre el clan Pujol después de que un juzgado de Barcelona se inhibiera a favor del tribunal de la calle de Génova de Madrid sobre la causa abierta para determinar si existió o no la famosa herencia. No obstante, Jordi Pujol Ferrusola comenzó a ser investigado en enero de 2013 a raíz de la denuncia de su exnovia María Victoria Álvarez, que aseguró que había acompañado a su expareja a Andorra con bolsas cargadas de billetes de 500 euros.

Por tanto, la Audiencia Nacional deberá dilucidar si el origen de los Pujol en Andorra es consecuencia de la herencia que recibieron del padre del expresidente de la Generalitat, Florenci Pujol, o si es fruto del enriquecimiento ilícito a través del cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública por parte de los gobiernos de CiU.

En su auto de inhibición, la magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona habla de la "improbable realidad" del legado, pues el expresidente admitió que la herencia fue de 140 millones de pesetas y los ocho beneficiarios "pudieron llegar a percibir varios años después un millón de euros cada uno". "Más que la herencia, los querellados habrían recibido los beneficios de las dudosas actividades económicas del primogénito", concluía.

La decisión de la jueza barcelonesa respondía a una petición de Anticorrupción, que consideraba que hay puntos de conexión entre la causa abierta al expresidente de la Generalitat y la del primogénito y que la familia Pujol Ferrusola ha actuado conjuntamente bajo la dirección y gestión de Jordi Pujol Ferrusola, desarrollando numerosos negocios económicos, así como diferentes actuaciones "dirigidas a conseguir el blanqueo de los capitales obtenidos".

Una versión que la magistrada daba por buena. A su juicio, los hechos investigados en uno y otro procedimiento guardan una "estrecha relación". "Es un hecho admitido por todos" los integrantes de la familia que el hermano mayor fue quien se encargó de administrar el legado y repartirlo mediante sucesivos ingresos. Por ello, la juez creía que "no es posible separar una y otra investigación". "Esta interrelación de los hechos supone una conexión entre los delitos contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales que son objeto de una y otra causa", afirmaba.

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