Cómo la geopolítica internacional puede arruinar a los agricultores aragoneses

Quién le iba a decir a un agricultor aragonés que viera en las noticias las manifestaciones de la plaza Maidán en Kiev y el posterior conflicto en Ucrania que aquello iba a acabar lastrando sus precios. O que ahora, de forma más reciente, la tensión creada entre Turquía y el Kremlin por el derribo de un avión ruso en la frontera de Siria fuera a suponer otro quebradero de cabeza para las organizaciones agrarias.

Con una buena parte de la producción dedicada a la exportación, es de esperar que algunas idas y venidas de los mercados internacionales puedan aguarle la fiesta al sector primario aragonés. Pero en los últimos meses agricultores y ganaderos han constatado que, como si no fuera suficiente con esto, también tienen que estar al tanto de conflictos diplomáticos.

El último conflicto internacional que ha hecho ponerse en alerta al sector agrario ha sido el veto que esta vez Moscú ha impuesto sobre las frutas y verduras rusas como respuesta a la escalada de tensión entre los dos países tras el derribo del avión. Tras el incidente, la Unión Europea ha programado una serie de reuniones con los representantes otomanos para tratar varios temas, como dotar a Ankara de 3.000 millones de euros para mejorar el tratamiento de la crisis de los refugiados, acelerar una posible adhesión del país, relajar el clima con Rusia y abrir también el capítulo económico, donde las asociaciones de agricultores ven que, “como casi siempre”, se introducirá el mercado de alimentos y las exportaciones para allanar el camino.

La central nacional de Asaja fue la primera en denunciar dos días después de esta reunión que “desde que se urdió el primer contacto con Merkel los controles son muy laxos para los productos turcos, de forma que el mercado para los productos hortícolas está en la práctica liberalizado”.

En Aragón, las organizaciones agrarias también están al tanto del tema, y más aún después de que la Comunidad fuera una de las más perjudicadas por el veto aún vigente de Rusia que el pasado verano cumplió un año. “Entre estos estados las negociaciones y las advertencias han usado a la agricultura como punta de lanza para dirimir sus conflictos. Y si al menos hubiera un apoyo equivalente que sustentara todas las pérdidas que soporta el campo por estos temas... pero está claro que no es así”, señala José Manuel Roche, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Aragón y consejero electo del Comité Económico y Social Europeo, órgano consultivo de las instituciones europeas con sede en Bruselas dedicado a trasladar la opinión de los diferentes sectores de la sociedad.

En su opinión, la Unión Europea podría aprovechar la coyuntura internacional para intentar negociar el levantamiento del veto que desde agosto de 2014 soportan los agricultores aragoneses y también la carne de cerdo desde hace incluso más tiempo, pero el terreno parece de momento embarrado.

De hecho, cuando se cumplía un año de las restricciones, la imagen de Putin destruyendo él mismo alimentos procedentes de Europa confirmó que el Kremlin seguía muy reacio a cualquier acercamiento si no se levantaban también las sanciones que la comunidad internacional le impuso por su intervención en Ucrania. Y aunque la unión contra el terrorismo pudo abrir parte del melón, parece que la UE seguirá en principio manteniendo sus sanciones hacia Moscú, que permanecerán, al menos formalmente, hasta que haya un alto el fuego permanente entre Ucrania y los movimientos separatistas armados y patrocinados desde Rusia.

Y mientras tanto, los agricultores siguen haciendo cuentas para saber por dónde avanzarán las negociaciones. “Es conocido que durante todo el veto ruso ha seguido entrando fruta española hacia Rusia por vía de Turquía, algo que ahora también se cierra”, señala Roche.

Un pulso que en definitiva poco tiene que ver con las más de 38.000 hectáreas de fruta dulce que se cultivan en la Aragón, que esta campaña ya produjeron las mismas cantidades a pleno rendimiento con la contratación de aproximadamente 15.000 temporeros, lo que está provocando una sobresaturación del mercado.

“Estamos hablando de que es un sector ya en quiebra, donde han salido decenas de explotaciones ya endeudadas y que esperaban este año normalizar algo sus cuentas”, afirmaba tajante Vicente López, representante del sector frutícola en la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, al conocerse la prolongación del veto. Según este sindicato, los agricultores de la Comunidad habían perdido un 35% de su renta en el último año principalmente por este conflicto, por lo que se pide que se sigan aumentando las retiradas de frutas del mercado, para intentar mantener unos precios que a lo largo del último año y medio han marcado mínimos históricos desde la llegada del euro.