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Se buscan familias para 300 menores

A partir de enero tratará de incrementar el número de hogares dispuestos a ofrecer este servicio dada su mayor conveniencia para el niño asistido frente a los centros.

Blanca y Miguel, familia de acogida.
Blanca y Miguel, familia de acogida.

Propiciar entornos más favorables para menores que por distintas circunstancias han tenido que ser retirados de sus progenitores y dar cumplimiento al nuevo marco normativo estatal en materia de infancia y adolescencia son los objetivos del plan que preparara el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), por lo que va a tratar de incrementar el número de familias aragonesas que se enrolan en la tarea de acoger a estos menores e integrarlos como un miembro más de la familia mientras duren estas situaciones.

"Técnicamente lo que valoramos como más adecuado cuando tenemos que atender menores que tenemos que retirar de sus familias es que estén atendidas en un entorno familiar mejor que en un centro", explica el director gerente del IASS, Joaquín Santos. Pero además, la Ley de protección a la Infancia y Adolescencia aprobada por el Gobierno Central el pasado mes de julio da prioridad en su articulado al acogimiento familiar sobre el ingreso en centros tutelados.

"En la actualidad hay unos 300 menores en centros y solo unas 40 familias de acogida, por lo que la proporción resulta escasa", explica Santos. Así, a partir del mes de enero, el IASS pondrá en marcha un plan con el objetivo de incrementar estos hogares para lo que llevará a cabo procedimientos de acercamiento a entidades de las tres provincias aragonesas en las que se muevan familias que ya lleven a cabo programas con ciertas similitudes, o en las que estas situaciones no resulten del todo desconocidas, como AMPAS, entidades que organizan acogimientos en verano o la propia ADAFA (Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón). "No vamos a hacer una campaña de captación o de publicidad como tal ya que se trata de familias que tienen que tener un perfil muy determinado, en el fondo están haciendo de familias sustitutivas para un menor que normalmente ha pasado por situaciones complicadas", apunta el director del IASS.

Las familias interesadas en prestar este servicio, por el que se recibe una compensación económica, serán convocadas a una sesión informativa y, si siguen adelante, se les impartirá formación para explicarles con qué situaciones se pueden encontrar y cómo afrontarlas. "De lo que se trata es que cuando acepten al primer menor se eviten fracasos en la familia de acogida porque sería también una situación de fracaso para el menor", explica Santos.Acogimientos, no procesos preadoptivos

De manera general se pueden requerir dos tipos de acogimiento, de urgencia y de más larga duración, si bien desde el IASS destacan que en ningún caso se trata de procesos preadoptivos -estos se gestionan por otra vía-, ya que aquí el objetivo no es la adopción, sino el acogimiento del menor hasta que se normalice su situación. "Muchas familias han acogido muchos menores y se genera un vínculo que se mantiene", apunta Santos.

En el caso de los acogimientos de urgencia se puede necesitar una familia de manera inmediata, a veces para unos días o semanas, una temporalidad que viene marcada por el proceso que se esté llevando a cabo con el niño. "Hay que estudiar qué está pasando, a veces se hace una retirada preventiva y se vuelve a su familia. Este tipo de situaciones que ahora se atienden en un centro se atenderían en una familia, lo que entendemos que no deja de ser una situación complicada para la familia que lo acepta", explica Santos. Los acogimientos pueden finalizar por la emancipación del menor por su mayoría de edad, la vuelta con sus progenitores o por que aparecen otros familiares que pueden hacerse cargo de ellos, entre otras situaciones.

En lo que va de año, el IASS ha intervenido en 1.055 casos de menores que requerían protección, 771 en Zaragoza, 187 en Huesca y 97 en Teruel. De ellos, en 43 casos se ejerció tutela de forma urgente ante la grave situación en la que se encontraba el menor y en 318 casos se ejerció la tutela firme, es decir, tras un estudio pormenorizado de situación se tomó la decisión de declarar el desamparo del niño, suspendiendo a los padres la autoridad familiar y asumiendo la tutela la Administración en tanto que dure esta situación. Hubo 46 casos en los que fueron los padres o tutores del niño quienes solicitaron la guardia voluntaria a la Administración Pública ante la imposibilidad de hacerlo ellos y tras estudiar la situación, y en el resto de los expedientes la  casuística de la intervención por parte del Gobierno de Aragón es diversa.

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