El PP lleva al programa electoral su tercer código ético desde el estallido del caso Gürtel

En 2009, magullado por el estallido del caso Gürtel del que aún quedaban por conocer muchas derivadas, Mariano Rajoy encargó a la ahora exministra y entonces vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, la elaboración de un código de buenas prácticas que, entre otras cosas, prohibía a los dirigentes recibir dádivas de empresas que contrataran con el partido. En 2012, cuando el texto parecía arrumbado, decidió ampliarlo e incorporarlo a sus estatutos. Y ahora, en su programa electoral para las generales del día 20, se compromete a hacer obligatorio el cese de altos cargos encausados por corrupción, antes de que haya condena firme, cuando se les haya abierto juicio oral.

El partido del Gobierno dedica un apartado completo de su programa, bajo el lema ‘La España que queremos’, a propuestas con las que pretende "reivindicar la política y combatir la corrupción". En él presume, primero, de haber sido el partido que "más medidas y más reformas ha acometido para prevenir, perseguir y sancionar la corrupción", y aduce que si las normas aprobadas esta legislatura hubieran estado antes en vigor, "la mayoría de los casos que hoy alarman a los españoles no se habrían producido porque tendríamos mejores herramientas para detectar y frenar a los corruptos".

Ese es un planteamiento que se cuestiona, al menos parcialmente, desde la oposición. Aunque admite avances, el PSOE insiste a menudo en que la reforma del Código Penal que tipifica por primera vez como delito la financiación ilegal de los partidos, por ejemplo, no habría llevado a prisión a ninguno de los mencionados por el extesorero del PP Luis Bárcenas en sus famosos papeles, porque solo contempla penas de cárcel si se rebasan los 500.000 euros, mientras que si la cantidad es inferior basta con el pago de una multa. Lo normal es que ninguna donación supere esa cifra porque el límite legal está en 50.000 euros y quienes lo vulneran fraccionan los pagos para maquillar el delito.

También fue enormemente criticada, entre otros por IU, la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal que entrará en vigor en los próximos días y que "limita" el plazo de investigación judicial a un máximo de dieciocho meses, ampliables en un periodo similar. El Gobierno buscaba agilizar la administración de Justicia, pero los críticos sostienen que en la práctica es poner obstáculos porque una comisión rogatoria a Suiza tarda por ejemplo, dicen, "más de seis meses".

Los populares, sin embargo, se muestran satisfechos con su gestión. En la parte del programa que presentó en Madrid su secretaria general, María Dolores de Cospedal, argumentan que "hoy la corrupción se castiga con mayor dureza" y se comprometen a dar nuevos pasos tanto legislativos como de conducta interna. Así, prometen que todos los cargos del PP estarán obligados a dimitir y serán suspendidos si son encausados por delitos relacionados con la corrupción, pero fija el listón –igual que el PSOE– en la apertura del juicio oral, no en la imputación.

Ese límite, jurídicamente garantista, no habría librado, sin embargo, al partido del Ejecutivo del daño causado por casos sonados como el de la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a la que finalmente se forzó a dimitir, no sin resistencias, antes de las autonómicas y municipales de mayo por su imputación enlos casos Brugal o Rabassa; el del exvicepresidente de la Diputación de Castellón, Enrique Crespo, o el de los diez miembros del PP valenciano que llegaron a ocupar un escaño en las Cortes Valencianas en la pasada legislatura.

El PP se compromete también a "potenciar" la ‘oficina de recuperación y gestión de activos en materia de corrupción’ para dedicar los recursos procedentes de ese tipo de delitos a luchar contra el fraude. Y, además, asegura que creará "mas canales" y "medidas" para "proteger" a los trabajadores de la Administración que denuncien prácticas ilícitas. Pero no cita ninguna.

El bloque del programa ya lanzado también incluye, por otro lado, la reforma de la ley electoral en el ámbito municipal que ya quiso aprobar esta legislatura para que gobierne el partido más votado y la sempiterna reforma del Senado para que sea auténtica cámara territorial.