El PP acusa a ZEC de tapar el "peor caso de corrupción" para que el PSOE le deje gobernar

El ‘caso Tranvía’ irrumpió ayer por todo lo alto en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. El PP, a través de una moción, se quedó solo al pedir el cese de la gerente de la sociedad mixta que gestiona la infraestructura, Ana María Moreno, imputada en el mismo, y el concejal popular Sebastián Contín, en una durísima intervención, acusó a ZEC de un pacto con el PSOE, el "tranvía en común", para no hablar del asunto "a cambio del sillón" y "tapar el escándalo" que ahora investiga la Fiscalía por varios delitos, entre ellos malversación y prevaricación.

Además, Contín se dirigió al alcalde, Pedro Santisteve, y le reprochó que llamase "culebrón" al "peor caso de corrupción de la ciudad en el que se ha visto involucrado el Ayuntamiento" con la esperanza "de que la jueza le ponga punto final". Este le replicó que, en efecto, desea que la justicia intervenga, "con las consecuencias que sean", y tiró de asuntos como el de Bárcenas o la Púnica para defenderse.

Así de caliente se terció el debate sobre un asunto que, finalmente, ha terminado en los tribunales. El PP, para justificar la petición de cese de la gerente imputada, habló de hasta ocho delitos (entre ellos, citó algunos como "estafa" u "obstrucción a la justicia") y reiteró que "todavía no sabemos cuánto costó la obra". Asimismo, recordó la "tala masiva de árboles" en el eje que, aseguró, se conocía "desde enero de 2014".

El resto de grupos, sin embargo, rechazaron secundar la petición de los populares. Unos lo consideraron algo "prematuro", en palabras de la concejal de ZEC, Teresa Artigas, o "precipitado" para Carmelo Asensio, de CHA; Sara Fernández, de Ciudadanos, dijo "carecer de información" suficiente y Lola Ranera, del PSOE, más bien al contrario, presumió de que ya se dieron todo lujo de detalles en su día y afirmó que ellos son los primeros interesados en "clarificarlo todo".

Contín, en su último turno, el más severo, afirmó que persisten las dudas, como la duplicidad de la última certificación de la obra; dijo que es complicado "camuflar que el tranvía y Plaza fueron gestionados por el mismo partido y las mismas empresas"; preguntó al alcalde "si ahora defiende al PSOE y a empresas del Ibex 35" (citó a Acciona, FCC y CAF).

Reprochó al gobierno el hecho de "premiar con puestos de máximo nivel" a la ex concejal Carmen Dueso como "consejera áulica" (hoy funcionaria en el Ayuntamiento); a Aurelio Abad (sigue como director del área de Servicios Públicos, que dirige Alberto Cubero) y a Santiago Rubio, entonces director del contrato, y que continúa al frente de Movilidad.

La concejal de esta área, Teresa Artigas, de ZEC, señaló que el gobierno es "el primer interesado en esclarecer cualquier negligencia" pero, a su vez, pidió "cautela con los involucrados". Eso sí, aseguró que "si se demuestra con indicios suficientes una acusación formal valoraríamos su cese". Artigas añadió al mismo tiempo que esta gerente, imputada, accedió a su cargo "tras finalizar las obras".

Desde el PSOE, Lola Ranera aseguró que el PP está "feliz" con la foto del "tranvía ‘versus’ juzgados", algo que "intentaron una vez y no consiguieron y ahora sí lo tienen con la fiscalía". "No les han valido comisiones de técnicos ni comparecencias de Carmen Dueso o Fernando Gimeno, pero jamás se ha pagado por obras no realizadas sino por hitos, el contrato dice que es una obra cerrada, y al ser de semejante cantidad se dan ajustes, partidas no ejecutadas y otras adicionales", explicó la edil socialista. Ranera, finalmente, concluyó que el tranvía es una obra "buena para la ciudad" y acusó al PP de querer desprestigiar algo por lo que debería sacarse pecho "al haber transformado la ciudad".

Sara Fernández, de Ciudadanos, sí se mostró a favor de depurar responsabilidades por las talas de árboles (votó a favor del PP en este sentido). Artigas, en este caso, precisó que es un asunto ya tratado en la comisión correspondiente y del que también consideró prematuro depurar responsabilidades políticas.

Carmelo Asensio, de CHA y presente en los consejos de la sociedad mixta según el pacto con el resto de portavoces, aseguró que "no se oculta información", habló de la imputación de la gerente en condicional y dijo que todavía se trata de "cuestiones previas antes de su comparecencia en los juzgados".

Tanto el portavoz del grupo del PSOE, Carlos Pérez Anadón, como el del PP, Eloy Suárez, pidieron por escrito las actas de lo sucedido para, en su caso, "tomar medidas".